Editorial

Editorial: ::: PURA MEZQUINDAD :::

Una de las grandes falencias en la necesidad de ejecutar obras de prevención y desarrollo es la carencia de maquinarias pesadas, las cuales se deben gestionar ante organismos del gobierno nacional o alquilarlas de la actividad privada, ello como consecuencia de la pésima costumbre de realizar y trabajos cuando la emergencia apremia.

Sin embargo, cuando estamos acostumbrados a este esquema propio de una burocracia indolente, no podemos sino espantarnos cuando tomamos conocimiento que las entidades regionales si cuentan con su propio staff de maquinarias pero que, lamentablemente, no los cuidan y protegen como corresponde.

No podemos sacar otra concusión de la reciente denuncia que ha formulado Wilmer Enrique Valerio Isidro (37), responsable de la Dirección Sub Regional Agraria del Santa junto a su administradora Yanira Evangelina Sotelo Gutiérrez y su asesor legal Santos Santisteban Villacorta sobre el robo de piezas de una excavadora.

El grupo de funcionarios denunció ante la Comisaría de Rinconada que la excavadora hidráulica, color amarillo, marca Komatsu, modelo pc 400-6, código de patrimonio E-085, había sufrido el robo de varias de sus piezas valorizadas en más de 15 mil dólares.

Según los denunciantes, las piezas sustraídas fueron el vástago lateral izquierdo del aguilón, un eje cromado del vástago lateral izquierdo del aguilón y un pin de la base central, las cuales forman parte del sistema hidráulico.

Indicaron que la maquinaria pertenece a la Dirección Regional Agraria de Ancash y que la misma permanecía en el sector de Suchimán, altura del kilómetro 43 de la Carretera de Penetración Santa- Chuquicara, realizando trabajos específicos.

Sin embargo, los funcionarios no descubrieron este robo porque estuvieran preocupados por ella, por el contrario, han confiado a la Policía que se constituyeron al lugar como integrantes del comité de inventario de la oficina de Patrimonio, con la finalidad de realizar la verificación física anual y allí se percataron del ilícito penal cometido.

Esto quiere decir que, como se acostumbra en estas entidades regionales, la maquina estaba abandonada en el lugar en donde en alguna oportunidad realizó trabajos de mantenimiento o prevención, los operarios suelen proceder de esta manera, se retiran y dejan la maquinaria a su suerte, sin que se disponga siquiera vigilancia en su entorno.

No es la primera vez que esto ocurre, antes se ha revelado también como estas maquinarias permanecen abandonadas como si formaran parte de un cementerio de máquinas inoperativas, empero, se encuentran activas solo que los operarios y los funcionarios responsables de los trabajos, no se toman el tempo de llevar vehículos para transportarlas a un almacén cuando ya no van a ser utilizadas.

Entonces, que se puede esperar de la suerte de esta maquinaria que se queda en parajes desolados y sin que exista algún personal que la custodie, es como invitar a la delincuencia a que la desmantele, tal como ha ocurrido con esta excavadora a la que le han sustraído costosas piezas que será complicado reponer para ponerla nuevamente a trabajar.

Esta es la lamentable realidad de la administración pública, allí la gente se vuelve indolente con el patrimonio porque entiende que no es suyo y de nadie, le interesa un pepino si dejan abandonada una maquinaria pesada y que delincuentes puedan sustraerle las principales piezas, al fin y al cabo si alguien tiene que pagar que sea el estado, en otras palabras, todos los peruanos que deberemos cubrir la compra de las piezas con lo que pagamos de nuestros impuestos.

Todos esperamos que el Ministerio Público haga el despliegue necesario para poder dar con los autores del latrocinio, lo que para muchos no solo es difícil sino hasta imposible, empero, lo que no se puede perder de vista es la responsabilidad de los funcionarios o empleados que tenían esta maquinaria bajo su responsabilidad.

Son ellos los que deben responder en sede administrativa por el robo registrado en la excavadora por no haber tomado sus precauciones para impedir que la gente de mal vivir sustraiga sus valiosas piezas.

Esto es más grave aún si se tiene en cuenta que estamos ad portas de la temporada de lluvias que tiene su correlato en el incremento del caudal de los ríos y el peligro de destrucción de las áreas de cultivo.

Creemos que esto solo puede ser producto de la mezquindad de funcionarios regionales a los que no les importa el cuidado de los bienes de la institución, esperemos los sancionen como corresponde.

TERRIBLE NEGLIGENCIA

Las imágenes que nos ofrecieron los medios de comunicación de un violento accidente registrado en la carretera panamericana norte, a la altura del distrito de Guadalupito, fueron terribles y chocantes.

No solo porque el saldo del triple choque fue de cuatro muertos sino porque esas imágenes nos mostraban la terrible imprudencia de un chofer que había provocado que dos vehículos pesados conviertan un auto en un amasijo de fierros retorcidos al quedar aplastado entre ambos y con un niño de solo 12 años en el interior, fallecido inevitablemente.

Lo triste es que este accidente se derivó de la protesta del padre del niño y chofer del auto que, a pesar de la oscuridad de la madrugada, solicitó la intervención de un patrullero de la Policía de Carreteras porque había sido “abusivamente cerrado” por un trailer, razón por la cual el patrullero se adelantó e hizo detener al pesado vehículo.

El chofer quiso exponer sus razones y se estacionó detrás del tráiler para acercarse al personal policial, empero, fue entonces que un ómnibus con un chofer distraído o descontrolado, se empotró detrás del trailer, no pudo detener la marcha y aplastó al pequeño que estaba durmiendo dentro del vehículo estacionado.

Toda una tragedia que ha enlutado cuatro hogares pero que dice mucho de la irresponsabilidad con la que se maneja en las carreteras. Aparentemente, el sistema de control de velocidad a través del GPS ha dejado de funcionar pues ahora todos los omnibuses se desplazan a excesiva velocidad y por ello ya se han registrado sucesivos accidentes. Sería prudente que la SUTRAN y el Ministerio de Transportes revisen este tema porque se está exponiendo muchas vidas.