Funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa, es decir, los que aun se encuentran ejerciendo funciones en la gestión del alcalde Roberto Briceño y los que formaron parte de la administración de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, deberán devolver los cobros indebidos que se hicieron por el pago de bonificaciones que no les correspondía.
Esto es lo que ha dispuesto la Contraloría General de la República a través de su oficina regional, luego de concluir un examen realizado en relación a pagos efectuados en atención a negociaciones colectivas entre el 1° de enero del año 2017 hasta el 31 de Julio del año pasado.
Este informe N° 062- 2019 emitido por la Contraloría General de la República concluye que un grupo de exfuncionarios y funcionarios de la anterior y actual gestión en la Municipalidad Provincial del Santa causaron un perjuicio económico de casi un millón de soles por cobrar beneficios económicos productos de las negociaciones colectivas, a pesar, que al ser funcionarios y empleados de confianza, estaban prohibidos de hacerlo.
Al entrar en detalle, la Contraloría ha señalado que la elaboración, autorización y pago de planillas de bonificaciones por vacaciones, fiestas patrias, navidad y escolaridad, derivados de convenios colectivos a favor de funcionarios públicos y empleados de confianza, excluidos de estos beneficios por normatividad vigente, ocasionó un perjuicio económico a la entidad por S/. 918, 030.87.
Por ello, ha recomendado iniciar acciones legales no solo para recuperar dicho dinero sino para que se sancione las irregularidades de connotaciones penales a diez exfuncionarios de la gestión de Victoria Espinoza García y un número similar de actuales funcionarios ediles.
Evidentemente que esto no quiere decir que se sancionará a la veintena de funcionarios que la Contraloría ha individualizado, sino que lo que busca el organismo de control es el inicio de acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial del Santa comprendidos en el hecho irregular.
También ordena que se inicien acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos para la recuperación del dinero indebidamente cobrado.
Para Contraloría, los trabajadores de carrera que fueron designados como funcionarios de confianza y aquellos nuevos que asumieron dichas responsabilidades, no son beneficiarios de los convenios colectivos sobre bonificaciones que está dirigido únicamente a trabajadores.
Estas conclusiones son importantes en la medida que se iniciaron en la controversia surgida entre la actual administración edil con el Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes demandaron que se haga efectivo un convenio colectivo aprobado entre gallos y medianoche por el ex alcalde suplente Neptalí Briceño Porras, cuando remplazó por espacio de un mes al burgomaestre provisional Humberto Ortiz Soto, quien a su vez había remplazado a Julio Cortez Rojas y éste a Victoria Espinoza García, estos días últimos en la clandestinidad por hallarse prófugos de la justicia.
A decir de la gestión edil, los trabajadores municipales aprovecharon ese interregno funcional para sancionar un convenio colectivo que era ilegal a todas luces, que contravenía las normas vigentes y que se había sancionado sin que se hayan demandado previamente los informes que sustenten económicamente el aumento decretado para los trabajadores y sin que se ponga en conocimiento de las dependencias competentes del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esto dio lugar a un primer conflicto que el SUTRAMUN llevó al campo de las huelgas y paralizaciones, lo que conllevó a que el alcalde Roberto Briceño demande la intervención de la Contraloría a efectos que determine si el convenio colectivo sancionado en esas condiciones era suficiente como para que la comuna tenga que aplicarlo con todos sus efectos legales.
Obviamente, el organismo de control desacreditó ese convenio colectivo y advirtió que por mandato expreso de la ley desde el año 2014 estaban prohibidos los convenios colectivos que incluyan incrementos remunerativos, al margen que los procedimientos utilizados por la anterior administración no contaban con sustento legal alguno para ejecutarse.
Sin embargo, la Contraloría no solo revisó la legalidad del convenio colectivo que estaba en cuestionamiento, sino que dispuso que se realice un examen a la efectividad de los convenios colectivos que estaban vigentes en la comuna provincial y se tomó el tiempo necesario para revisar los antecedentes solo entre los años 2017 al 2019.
Y en ellos advirtió que los convenios colectivos vigentes en la comuna provincial del Santa se estaban aplicando indebidamente, no solo en la gestión anterior sino en la actual, pues los funcionarios que llegaron siguieron aplicando los mismos ilegales procedimientos de sus antecesores.
Se estuvieron pagando derechos que solo corresponde a los trabajadores, a los trabajadores estables y no alcanzan a un funcionario de confianza, por lo tanto, todos los cobros de bonificaciones que se hicieron desde el año 20127 devienen en nulos y deben ser devueltos al erario municipal como corresponde.
Y es que, lamentablemente, de un tiempo a esta parte los funcionarios de confianza asumen cobros que no les pertenecen, hay casos en que se ha visto que reclaman beneficios sociales cuando ellos no son trabajadores de planilla que tienen descuentos legales por aportaciones, consecuentemente no les corresponde los mismos beneficios que un trabajador regular.
Es evidente que la Contraloría ha puesto el dedo en la llaga, asumimos que el alcalde ha dispuesto que se ejecuten las acciones ordenadas por la Contraloría, pues recordemos que este informe se conoció en el penúltimo día del año, lo que quiere decir que corresponde ejecutar en este mes de enero.
Esto quiere decir, como se dice en el argot criollo, que los funcionarios tendrán que “meter la mano al hígado” nomás, sin derecho a patalear.