Una semana ha necesitado el Octavo Juzgado Penal de Investigación preparatoria de la Corte del Santa, que despacha la Dra. Dalila Peña Zapata, para resolver la condición jurídica de los integrantes de la mafia conocida como “Los Injertos de Huarmey”, quienes en su mayoría han sido enviados al penal de Cambio Puente.
Extenuantes jornadas de debates han servido para que la magistrada se haga una idea de los cargos incriminatorios, los medios probatorios de cargo y descargo, así como la revisión de los requisitos para una medida de prisión o comparecencia.
Finalmente, del numeroso grupo de detenidos, la magistrada ha dictado 11 medidas de prisión a igual número de involucrados y tres órdenes de comparecencia restringida, contra tres detenidos que consiguieron salir en libertad, entre tanto, aún resta calificar la situación de cinco sujetos que se encuentran como no habidos tras no ser capturados en el operativo realizado en las vísperas de la última navidad.
Además de ellos, cabe precisar que en la ultima semana también se ha revisado la situación de la Fiscal Beatriz Gómez Carranza, quien hasta el 20 de diciembre del año pasado se desempeñaba como Fiscal Provincial de Huarmey y fue detenida en el operativo realizado por la Fiscalía y Policía de crimen organizado, acusada de formar parte de la organización delictiva de “Los Injertos”, adjudicándole un rol de protección y blindaje ante las intervenciones policiales o judiciales que se iniciaba contra cualquier integrante de la mafia.
Para la Fiscal Beatriz Gómez el Juez Superior Víctor Alcócer dictó una medida de prisión de 36 meses, una decisión similar a la que se aplicó al Adjunto de la referida magistrada, el Fiscal Tony Huallpa Chuctaya, quien a diferencia de la mencionada se encuentra en condición de prófugo de la justicia al no haber sido hallado en su domicilio el día de la intervención policial.
Estos dos últimos casos fueron revisados por el Juez Superior en la medida que, dado el cargo que ostentan y las excepciones que establece la ley dichos magistrados solo pueden ser juzgados por jueces superiores, habiéndose designado para ello como Juez instructor al magistrado menos antiguo de la Sala Penal especial que verá el caso de los magistrados en segunda instancia.
La nota curiosa de este caso es que el Juez Superior Víctor Alcócer es Juez Penal de Huarmey, es decir, que se ha desempeñado como magistrado de primera instancia en la vecina provincia antes que fuera promovido a una Sala Penal de Apelaciones, lo que quiere decir que conoce mucho a quienes hoy son sus investigados.
Hay quienes advirtieron este hecho cuando al magistrado superior le tocó la misión de decidir la suerte de los intervenidos y en la medida que los investigados son profesionales conocidos y con los cuales en algún momento debe haber realizado alguna diligencia juntos, no se pudo soslayar su actitud resignada al tener que dictar una medida drástica contra ellos.
Este ha sido el colofón de las calificaciones que ha realizado la justicia a la situación de los detenidos como parte de una organización delictiva que había sentado las bases en Huarmey, que tenía el mismo sesgo de otras organizaciones criminales que se han desvirtuado en Chimbote y frente a la cual había que poner mano dura.
La Policía y Fiscalía de Crimen organizado han venido siguiendo desde hace buen tiempo a las bandas de delincuentes que actúan como organización y que llegaron a establecer un régimen de prisión y amedrentamiento, que utilizaron la extorsión, el asalto, el atentado criminal como herramientas de enriquecimiento pues le sacan dinero a los transportistas, a los empresarios y todos aquellos que observen movimiento económico y eran amenazados para que entreguen un cupo para no ser víctimas de atentados criminales.
Una de las modalidades de enriquecimiento en Huarmey ha sido también el tráfico de terrenos y todo indica que esta modalidad delictiva ha dejado huella en el accionar de algunos magistrados que decidieron proteger a la organización a cambio no solo de dinero en efectivo sino de la entrega de lotes de terrenos que pusieron a nombres de familiares o personas allegadas.
Este es un extremo en el cual las autoridades deben poner un énfasis especial, mas aun cuando hay otra Fiscal que ha sido involucrada en esta organización y cuya prueba la constituye la entrega de dos lotes de terreno, por lo cual también se requiere que se haga una profunda investigación a efectos de deslindar responsabilidades y no incurrir en errores en este tema.
Este es el caso, por ejemplo, de otra Fiscal de Huarmey, la Dra. Patricia Villar que es una magistrada que también se ha desempeñado en Chimbote y que posteriormente fue destacada en la vecina provincia, en la cual la han involucrado en esta mafia porque, al parecer, aceptó la entrega de dos lotes de terrenos que han sido consignados a nombre de su hija y de una empleada, aparentemente, para no dejar mas sospechas según la denuncia fiscal.
Para ella, la Fiscal Patricia Villar, la Fiscal Superior Nancy Morano no ha solicitado una medida de prisión, solo ha planteado que se le dicte una orden de comparecencia restringida, aparentemente, a efectos de deslindar la tenencia de los dos lotes de terreno que un colaborador eficaz alertó a las autoridades.
Hay evidentemente mucha tela por cortar en este caso, la pesquisa recién se inicia y los actuados policiales sustentan por el momento los cargos delictivos, esa es la razón por la cual la Juez de la causa se ha visto en la necesidad de amparar el pedido del Ministerio Público para enviar por 36 meses a los implicados, un tiempo más que prudencial para hacer el deslinde de responsabilidades de cada uno de ellos.
En consecuencia, estamos ante medidas previsibles, que no solo garantizarán que no se perturben las actuaciones judiciales, sino que de esta manera se protege a la comunidad de la presencia en las calles de gente peligrosa que se vio comprometida en una organización criminal cuya actividad ha sido desvirtuada por la Policía. Esperemos que el Ministerio Público no dilate los plazos y que consolide los cargos contra todos aquellos que hicieron del delito un modus vivendi.