La atención de los sectores sociales y de la población en general en estos tiempos de emergencia y de carencias, ha sido uno de los problemas que el gobierno no ha sabido enfrentar y que no ha acertado cuando ha tratado de hacerlo.
Al tema de los bonos, que no llegaron a todos los sectores desprotegidos, el gobierno sumó la transferencia de millones de soles a los municipios para que se encarguen de elaborar una canasta familiar de alimentos de primera necesidad que llene los vacíos que quedaron en la distribución de los subsidios.
Estas bolsas deberían tener los productos básicos de la canasta familiar, con un promedio de 80 nuevos soles, pues se trataba de llegar a los hogares más necesitados con un aliciente alimenticio que en esta pandemia es de suma prioridad.
Sin embargo, como se dice en el argot criollo el remedio resultó peor que la enfermedad pues el uso de estos recursos en los municipios ha sido materia de serios cuestionamientos en todos los niveles, no solo en lo que respecta a la elaboración de las bolsas sino en la distribución de las mismas.
Por ello no extraña que a estas alturas la Contraloría siga hallando serias deficiencias en el proceso de adquisición de alimentos, inclusive, los medos de comunicación han propalado algunas denuncias de los afectados como ocurrió, por ejemplo, en el distrito de Santa,
Y es que en algunas dependencias ediles apelaron a la compra de productos de dudosa calidad, algunos sin requerimientos indispensables como el registro sanitario, lo que permite colegir que se compraron productos de muy baja cotización con montos que no respondían a la realidad del mercado.
Sin embargo, el día de ayer la Contraloría General ha revelado una información realmente espantosa al señalar que se ha detectado que 4 mil de estas canastas populares se han entregado a funcionarios o servidores públicos, sea de la misma dependencia edil que ha elaborado estas canastas o de tras reparticiones del sector público,.
Esto resulta incomprensible en la medida que los funcionarios perciben salarios por encima de los dos mil nuevos soles, inclusive, la propia naturaleza de este programa social que está dirigido a los sectores de pobreza o extrema pobreza, convierte en inverosímil este escenario que nos muestra un vergonzoso aprovechamiento de los dineros públicos.
Hay que tener en cuenta que luego de la distribución de las bolsas populares y en medio de las quejas de mucha gente que no recibía beneficio alguno, se dieron a conocer denuncias de la entrega de estas bolsas de alimentos a personas que no lo merecían, identificados por sus vecinos por haber sido beneficiarios de bonos y porque ostentan ingresos superiores a muchos otros hogares que no recibieron nada.
Justamente, este es el hilo de la madeja que parece haber detectado la Contraloría y en lo que respecta a nuestra región ha señalado que se ha identificado hasta 203 funcionarios o servidores públicos que se han beneficiado ilegalmente con estas bolsas de alimentos destinadas a los estratos sociales más necesitados.
Lamentablemente, como suele ocurrir en estas investigaciones, “se dice el pecado peroÂÂ no el pecador”, no se identifica que funcionarios, o por lo menos a que entidades pertenecen, son los que se han aprovechado de los recursos destinados a los sectores más pobres de la región, dejando de esta manera en la incertidumbre a las mayorías que reclaman que se sancione de manera ejemplar a estos maleantes.
El organismo de control solo ha manifestado que se iniciarán procesos de control a las entidades que han sido halladas en falta, sin embargo, esta denuncia es sumamente grave y delicada en la medida que es indignante que a estas alturas se siga hablando de esta clase de aprovechamiento que le quita el alimento a quienes mas no lo necesitan. Eso es, además, imperdonable.