Había transcurrido no más de un mes de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del coronavirus, estábamos en el mes de abril de este año y ya el gobierno se había visto precisado a ampliar en una segunda ocasión la inmovilización social obligatoria y se aprestaba a ampliarla por un período más, de allí que se veía precisado a adoptar medidas asistenciales impostergables.
Fue entonces que el Presidente Martín Vizcarra, en una de sus acostumbradas conferencias de prensa, que por entonces y con el respaldo masivo de la población las realizaba todos los días, anunciaba el plan de emergencia para impedir el colapso de las empresas y evitar el despido masivo de los trabajadores.
Hasta ese momento el tratamiento laboral se circunscribía al otorgamiento de licencias sin goce de haber, adelanto de vacaciones, pactos de reducción de haberes y otras medidas que permitan a las empresas sostener la perniciosa inactividad a las que las llevaba el virus, empero, en la medida que la emergencia se extendía aquellas ya no eran suficientes.
Por ello es que autorizó la suspensión perfecta de labores hasta por 90 días y con la finalidad de no perjudicar a los trabajadores autorizó el pago de un subsidio de 760 soles mensuales siempre que esta masa laboral se encuentre laborando en empresas con planillas menores a los 100 servidores y cuyos salarios no superen los 2,400 soles.
Se trataba ciertamente de un apoyo y respaldo a la pequeña y mediana empresa, inclusive, las micro empresas, para cuyos empleadores puso a disposición el programa de apoyo a la reanudación de actividades a través de un programa de créditos denominado Reactiva Perú, el mismo que consistía en préstamos que se canalizarían por las entidades financieras con periodos de gracia e intereses mínimos suficientes para sostener la pandemia, el cual también tiene sus bemoles.
Todo parecía muy bien, incluso, las encuestas favorecían al jefe de estado por aprobar medidas supuestamente en beneficio de los sectores más deprimidos y los más golpeados por la pandemia que padecemos, la cual tiene pocos precedentes en la historia.
Sin embargo, el primero de agosto, casi cuatro meses después de formularse este anuncio, el gobierno da a conocer que se ponía en marcha este subsidio laboral, pero MAÑOSAMENTE cambia las reglas de juego, adiciona a la condiciones que había establecido un requisito más para que los trabajadores puedan acceder al bono de subsidio y exige: “no haber sido beneficiario/a, así como de ninguno de sus familiares inscritos en el padrón nacional de hogares de los siguientes subsidios monetarios otorgados por el Gobierno: Bono Universal Familiar, Bono Quédate en Casa, Bono Independiente y Bono Rural”.
El solo hecho que se cambien las reglas de juego cuando el partido está por terminar es una maniobra pusilánime y repudiable, empero, si analizamos la nueva condicionante es evidente que si algún trabajador había sido beneficiado con un bono anterior no podía ser acreedor a otro como titular del mismo.
Sin embargo, nos preguntamos ¿Qué diablos tiene que ver que algún familiar pueda haber sido beneficiario con otro bono? ¿Es acaso que un joven que trabaja, que no puede retomar su actividad laboral por la pandemia, que no puede cobrar sus remuneraciones por este motivo, quederá de lado porque su padre o madre ha sido beneficiado con un bono universal? ¿Este trabajador que tiene otro hogar y que ha emprendido una nueva vida, se debe quedar sin el subsidio por las cretinas aprehensiones de los promotores de este programa?
A propósito de ello hemos recibido quejas de trabajadores que no tienen donde protestar porque “una tía que vive junto con ellos ha sido beneficiaria de un bono, de jóvenes trabajadores cuyos hermanos son profesionales y han recibido un bono independiente, de mujeres cuyos esposos son profesionales que han recibido un bono y ellas son rechazadas a pesar que forman parte de una pequeña empresa.
Tan difícil es entender que este subsidio responde AL TRABAJO de una persona, no es un subsidio a una familia, a una profesional a una condición rural, es un subsidio que se entrega a la persona por su trabajo, porque se ha visto perjudicado y no puede laborar entonces debe resarcir la remuneración que ya no le llega.
¿Por qué es tan mezquino este gobierno de negarle el pan que le corresponde al trabajador por el hecho que le ha entregado un bono a un familiar que ya no corresponde a su núcleo del hogar? ¿No se pusieron a pensar estos burócratas del ejecutivo que están afectando a miles de trabajadores que esperaban ese respaldo a su falta de remuneración? ¿Nuevamente el presidente Vizcarra hizo un anuncio para subir en las encuestas y después le clavó el puñal en la espalda a los trabajadores?
Lo cierto es que subsidio de la suspensión perfecta es una cruel engañifa.