Editorial

Editorial: ::: MÁS INVESTIGACIÓN :::

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa despejó todas las dudas al confirmar, en todos sus extremos, la resolución expedida por la juez Dalila Zapata, quien dispuso el internamiento por espacio de nueve meses del ex supervisor de la empresa Entel, Juan Carlos Elar Ponce Esquivel, quien es acusado de ser el autor de la muerte de quien fuera su pareja Cindy Rosas Cisneros.

Como se recuerda, la justicia sancionó en primera instancia la prisión preventiva de 9 meses de Ponce Esquivel al existir elementos de juicio suficientes que lo vinculan a la muerte de la agraviada, en lo que se considera un feminicidio.

La investigación contra Juan Carlos Ponce se inicia a fines del pasado mes de junio, cuando el serenazgo y la policía retiran el cuerpo de Cindy Rosas de la bahía de Chimbote en donde se encontró flotando, en circunstancias que su familia la venia buscando con desesperación desde un día antes.

Fue este el punto de partida de uno de los hechos policiales más sonados de este año, la Policía no solo dio con los familiares que buscaban afanosamente a la joven, sino que pronto corroboró que la última persona con la cual había sido vista la víctima era Juan Carlos Ponce Esquivel, un supervisor de la empresa Entel Perú en Chimbote en donde la agraviada también laboraba.

A todo ello se sumaba que tanto sospechoso como víctima mantenían una relación de pareja y los testigos habían indicado que, en la víspera, ambos habían salido juntos, lo que quería decir que este personaje tenia mucho que decir y explicar, más aun cuando una mera revisión de los registros de denuncias nunca reveló que aquella habría sufrido algún percance o había perecido.

Por ello es que sorprendió la coartada del funcionario, alegó ante las autoridades que en efecto estuvo con su pareja libando licor en la playa y que ya caída la noche se dirigieron a la zona de la desembocadura del rio Lacramarca, en la parte posterior del 27 de octubre, en cuya playa la joven se había ahogado.

Por lo menos esto era lo que presumía, pues adujo que se atolló y cuando se dirigió en busca de ayuda ya no encontró a la joven a su retorno, inicialmente pensó que se había retirado por sus propios medios, sin embargo, tras hallarse el cuerpo señaló que aparentemente se ahogó porque se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Obviamente, ni la policía y menos los deudos de la joven “se tragaron este cuento”, se preguntan con razón por qué ese individuo no comunicó a los familiares lo que había ocurrido, porque no se acercó a su domicilio a ver como se hallaba (si es que dice que no pasó nada) y menos aún acudió a la policía para dar cuenta del incidente con el vehículo y el paradero de la persona que estaba con él.

Por el contrario, lejos de proceder como lo haría cualquiera que no tuviera responsabilidad alguna en un trágico desenlace, Ponce Esquivel realizó maniobras que dejan mucho que desear y que forman parte de la investigación, como el hecho de haber pretendido atollar otra camioneta en la playa El Dorado y que tras no conseguir su objetivo se dirigió a la desembocadura del río Lacramarca para dejar otra camioneta con ese mismo objetivo.

Es por ello que la Policía recién encuentra la unidad vehicular solo un día después de hallarse el cuerpo de la joven en otro sector de la ciudad, lo hizo luego que pescadores avisaran que un vehículo estaba semihundido en la playa, lo que llama poderosamente la atención en la media que en estos casos los tiempos generan suspicacia.

Asimismo, el hecho que se haya encontrado el cuerpo de la víctima flotando al otro lado de la ciudad, convierte en inverosímil su versión y corrobora las sospechas que recaen sobre el investigado, demuestran que la víctima no se ahogó sino que la mataron y arrojaron su cuerpo en un lugar mucho más lejos de donde le quitaron la vida.

Hay mucho por investigar y si a ello se añade el hecho que existen elementos de convicción que sindican al investigado como presunto responsable de esta muerte, estaba claro que la instancia superior no podría revocar la pena, la justicia no puede exponerse a que alguien que muestra poder económico para fugarse deje el presidio.

La defensa técnica del investigado ha anunciado que planteará recurso de casación contra esta resolución y en la medida que no cabe una articulación de esta índole se supone que lo hace para formular posteriormente un recurso de queja, mientras tanto, la fiscalía ya debe estar avanzando en la corroboración de los cargos que se han formulado.