Por: CPC Sergio Agurto Fernández
Haciendo un poco de historia diremos que, estuvimos asistiendo a un alborotado ambiente laboral, luego de las elecciones presidenciales del Año 2016, donde las marchas, paros y huelgas, todos en el sector público, estaban contaminando el paisaje urbano y paralizando la economía del país, motivados por demandas salariales insatisfechas, seguramente justas, pero también desproporcionadas en sus peticiones, porque desbordaban la capacidad de atención de la caja fiscal. Pero en situaciones así de complicadas, cuidado con despertar al monstruo de la inflación, si es que no queremos repetir la historia. Es obvio que hay desniveles remunerativos en la burocracia estatal, que merecen prestarles atención.
Quizás nada de esto hubiera ocurrido en ese momento, sino fuera por el doble aumento otorgado a la PNP por el ex presidente Pedro Pablo Kucsinsqui; por lo visto a “papá Gobierno” se le pasó la mano, porque para el efecto se prescindió de la meritocracia de sus “hijos” (sector público) -títulos y post grados del Magisterio-, privilegiando a los de la PNP con aumentos superiores a lo acostumbrado, sin que lo justifiquen con la acreditación de tener una formación universitaria. Un padre de familia que aspira a mantener la paz en el hogar, debe ser justo y equitativo y jamás se le ocurriría otorgar a sus hijos una propina diferenciada, a sabiendas que una avalancha de reclamos le perturbarían el sueño. “Siembra aires y cosecharás tempestades” dice un viejo adagio.
Es bueno aclarar que los peticionarios no representan para nada al sector productivo del país, a aquellos que crean riqueza expresados en bienes y servicios que a diario consumimos, y esta dinámica genera los recursos tributarios que hacen falta para atender las necesidades de la población: servicios médicos y educativos, obras públicas, programas sociales y también la de los autoconvocados huelguistas.
Curiosamente, en todos los sectores de la administración pública, cual si fuera una competencia deportiva, se evidencia un afán desmedido por lograr los mayores aumentos, cada quien sacando ventaja de su status profesional e imponiendo con astucia, un exagerado “tope negociable” en los reclamos, totalmente ajeno a la evolución económica del país, cuando lo correcto e inteligente hubiera sido relacionarlo con el índice inflacionario del año anterior, para atar la canasta básica al comportamiento de este elemento financiero, y con ello, comprometer al Gobierno a efectuar aumentos salariales automáticos, y en el país siempre habrá inflación, lo que garantiza que se otorguen reajustes permanentes. Esta política remunerativa, por sus resultados, también podría ser replicada en el sector privado, con lo que en ambos sectores las huelgas y los sindicatos ya no tendrían razón de ser, ahorrándose los beneficios de la licencia sindical que se otorga a la cúpula dirigencial, que ganan sin trabajar, con perjuicio económico para la institución que las concede.
Un argumento irrelevante de los reclamos es cuando comparan los salarios percibidos por sus similares de otros países, cuando la realidad es que tal presunción está en relación directa del “Ingreso per cápita” de cada uno de ellos, y como sabemos, este referente económico es producto del binomio PBI vs Población. Puede tratarse de un país geográfica y poblacionalmente más pequeño que el nuestro, pero la diferencia está justamente en las variables macro económicas de este binomio, y tal ingreso en el Perú no pasa de los cuatro dígitos.
Hasta ahí todo es rutinario dentro de nuestra habitualidad, pero al parecer a los activistas de las revueltas callejeras no se les ocurrió pensar de las fatales consecuencias a futuro que traería consigo los exagerados aumentos salariales. Pobre Perú, cómo la ambición descontrolada de sus hijos (huelguistas) que compiten por conseguir la mayor tajada de la torta presupuestal, lo puede llevar a recluirlo en un “sanatorio económico” (FMI), aquejado de un “coma inflacionario”.
Entiéndase bien, el Gobierno no es productor de nada, sólo es un ente recaudador de impuestos y un receptor de las divisas que otros producen, y su capacidad de gasto está en función del comportamiento de estos elementos. Nadie en su sano juicio creerá que para atender estas contingencias que desbordan el equilibrio presupuestal, el Gobierno tenga que recurrir al crédito interno o externo, ¿Verdad?; si así fuera, esto implicaría un cambio radical en la política de estado, con severas restricciones en la ejecución del gasto y en la reducción de las obras públicas.
Entonces, reflexionen señores huelguistas, amantes de las paralizaciones, jamás pretendan reivindicarse en un solo año, aumentos y deudas sociales insolutas, postergadas por años; por favor no incendien la pradera echando más leña al fuego, que todos podemos terminar carbonizados.