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SALA PENAL CONFIRMA 11 AÑOS DE CÁRCEL PARA EX ADMINISTRADOR DE LA FÍSCALÍA

Por desfalco de sus cuentas:

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa desestimó el recurso de apelación interpuesto por el ex administrador de la Fiscalía Gino Reyes Roggero y confirmó en todos sus extremos la sentencia que lo condenó a 11 años de prisión efectiva.

Los jueces superiores Daniel Vásquez Cardenas (presidente), Carlos Mata Espinoza (ponente) y Niczon Espinoza Lugo consideraron que más allá de toda duda razonable, quedó probada la responsabilidad en el desfalco a los recursos públicos de la administración de la Fiscalía del Santa.Los jueces consideraron que hubo un aprovechamiento de los recursos de la entidad por parte del procesado Gino Reyes Roggero quien simuló los gastos con facturas falsas y clonadas así como simuladas para justificar la salida de los recursos.

Como se sabe, el exadministrador del Ministerio Público del Santa, Gino Casiano Reyes Roggero (49), fue condenado a un total de 11 años de pena privativa de la libertad, tras ser hallado culpable de los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica, en agravio de la Fiscalía.

Esta pena fue la sumatoria de 8 años por el delito de peculado doloso y 3 años de prisión por el delito de falsedad ideológica, además del pago de una reparación civil ascendente a 205 mil soles y la inhabilitación para ejercer un cargo público por el periodo de 8 años.

Según el representante del Ministerio Público, durante el 2015 y 2016, el ex administrador Gino Reyes, en complicidad con Fernando Sotelo Valenzuela (reo contumaz), quien era el encargado del Fondo para Pagos en Efectivo, a través de servicios fantasma, se apoderaron de casi 345 mil soles, que eran parte del presupuesto asignado al Distrito Fiscal del Santa, para el mantenimiento eléctrico, sanitario, pintado de locales, lavado, laqueado, entre otros.

Fueron absueltos en este proceso penal, Segundo Carlos Andonaire Orbegoso y Román Gerardo Otiniano Cruzado, dos proveedores, acusados de cobrar el 6 por ciento de cada comprobante de pago que entregaban para justificar los servicios que nunca se realizaron, en las sedes del Ministerio Público.