ANTICIPADO
La secuela judicial que ha derivado en la nulidad de la fusión de la Universidad ULADECH Católica con la Universidad Católica de Trujillo, se veía venir. Ha caído por su propio peso en la medida que en nuestra ciudad ya se había adelantado esto con anticipación, en esta misma columna lo habíamos advertido porque tomamos conocimiento de las acciones legales que habían emprendido un grupo de docentes y estudiantes para salvar su claustro universitario del desastre al que la llevaron sus anteriores autoridades, especialmente el ex rector Julio Domínguez Granda. Ello porque estos procedimientos legales en el que se involucra la trasferencia o disposición de bienes requiere de un régimen legal sumamente formal y estricto. No se trata de decir que te entrego mis bienes y listo, por el contrario, la ley establece que cuando existe una disposición patrimonial los actos jurídicos deben cumplir ciertos y obligatorios requisitos bajo sanción de nulidad. Tratándose de una persona jurídica, específicamente de una Universidad, se requiere de acuerdos de sus instancias de gobierno que autoricen esa disposición patrimonial, lo cual no se ha observado en el caso en la fusión de la ULADECH. En la casa universitaria chimbotana existieron muchos que disentían de esta alternativa, por ello es que quienes se encontraban al frente de la Universidad festinaron trámites, hicieron acuerdos apresurados y utilizaron firmas de quienes no estaban autorizados a hacerlo, en otras palabras, maquillaron un procedimiento que la ley exige que debe ser absolutamente formal. Entonces al Juzgado no le quedaba otro camino que retrotraer todo al estado anterior en el que se produjo el vicio, consecuentemente, la mentada fusión ha quedado nula “ipso jure” y las nuevas autoridades no volverán a cometer el error de dejar que ese esfuerzo y sacrificio que ha costado montar la primera universidad de la ciudad quede en manos ajenas. Por el contrario, ahora se podrá demandar la institucionalización con más base y responsabilidad. Recordemos que hace una semana el conocido abogado Jesús Gonzales Rentería lanzó un mensaje de aliento y esperanza a los alumnos y la comunidad universitaria de la ULADECH al revelar que había sido testigo que en un Juzgado Civil se había detectado vicios que dejaron sin efecto todo esto y eso finalmente ha ocurrido. Enbuenahora.
UNA MAS
El día de ayer en nuestra columna editorial celebrábamos las decisiones judiciales que derivaron en una drástica condena de cadena perpetua contra un sujeto que, usando la página del Facebook había captado a una menor de edad y con engaños la ultrajó, incluso, fue capturado cuando había tratado de someter a la menor una nueva vez. Sin embargo, en este comentario se nos fue la otra condena de cadena perpetua que la semana pasada se le impuso a Ángel Ricardo Medina Oroya, un pervertido sujeto que no tuvo reparos en abusar sexualmente de su hijastra de solo 12 años de edad. Este sujeto fue virtualmente rodeado por las pruebas recogidas por el Ministerio Público, más aún cuando había sido sorprendido en su habitación con la menor a la cual engañaba con dulces y propinas y la obligaba a mantener silencio. Por ello es que se vio obligado a reconocer su delito, se acogió a los beneficios de la conclusión anticipada, empero, a pesar de ello el juzgado Colegiado le aplicó la pena máxima y en compensación a su arrepentimiento de última hora, ha establecido en el fallo que su caso pueda ser revisado a los 30 años y no a los 35 años como determina la norma. Esta es una nueva muestra de la firmeza y decisión de las autoridades judiciales en los casos de delitos sexuales en agravio de menores.
DIALOGO
Los trabajadores administrativos del sector educativo de la provincia del Santa recibirán, finalmente, el pago del 30% por desempeño de cargo. Los dirigentes bregaron duro y parejo para exigir a los funcionarios que cumplan con este beneficio que está debidamente estipulado en la norma, sin embargo, la semana pasada consiguieron que la Directora de la UGEL María Inés Valverde Cueva, los siente en una mesa con la administradora y de esta manera se salvaron los inconvenientes y se autorizó el pago pertinente. Esto demuestra siempre que el dialogo es la mejor herramienta para la solución de conflictos.