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SUSPICAZ

Los operadores de justicia saben y conocen que sus labores siempre estarán en el “ojo de la tormenta”, que sus decisiones y actuaciones serán materia de permanente fiscalización, de allí que deben cuidar las formas, deben tener mucho cuidado cuando se avocan al conocimiento de las investigaciones a efectos que, posteriormente, no se ponga en tela de juicio su accionar. Una de estas consideraciones son sus vínculos personales o profesionales que pudieran poner en entredicho sus decisiones respecto a los investigados. Algo de esto ha ocurrido en la carpeta fiscal que contiene la investigación contra el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, según lo ha expuesto el último fin de semana el abogado Carlos Fernández Beltrán, pues ha puesto en tela de juicio la intervención de la Fiscal Adjunta del equipo anticorrupción Janeth Arias Maguiña. El letrado ha señalado que esta fiscal es hermana de Luis Arias Maguiña, un ex funcionario de la Dirección Regional de Transporte de la cual fue expectorado por irregularidades en su desempeño, entonces el letrado colige que existe de por medio una suerte de animadversión de su familiar para tratar de perjudicar la pesquisa contra su defendido, en realidad, la interpretación que hace el abogado no está ajena a la realidad, empero, allí debería imponerse el accionar honesto y transparente de un fiscal que al saber y conocer cuál ha sido la situación  de su hermano en la entidad que encabeza quien ahora es investigado en su fiscalía, lo que pudo hacer es apartarse de la investigación, solicitar su propia imbibición y dejar que otros magistrados de su institución, que no se expongan a cuestionamientos de esta índole, realice la pesquisa, ya que al no hacerlo se pueden hacer esta clase de disquisiciones que lo único que consiguen es echar sombras en el accionar de un  magistrado.

ABSURDO

A propósito de la investigación que ha realizado el fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón a las compras y obras del gobierno regional, ha llamado poderosamente la atención la forma como se involucra en este caso con una orden de detención preliminar a la empresaria Ninel Romero Bartusiak. Ello porque la empresa Quimera es la que ha realizado los trabajos del área Covid del hospital regional y los cuestionamientos que se hicieron en su momento fueron debidamente desvirtuados. Pero al margen de ello, que deberá ser materia de un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades judiciales, lo que nos genera cierta suspicacia es el hecho que resulte siendo la única empresaria involucrada en un presunto delito de colusión cuando ella solo ha realizado la obra del área covid y cuyo costo alcanza el medio millón de soles como se reveló en su oportunidad. Sin embargo, los cargos de la Fiscalía hacen alusión a un mal uso de 10 millones de soles, entonces, si la empresaria Ninel Romero solo responde por los 500 mil de la obra que ejecutó, ¿con quienes se ha coludido el Gobernador por los otros 9 y medio millones de soles? Esto nos genera serias dudas sobre la forma como ha elaborado su teoría del caso el Fiscal Rojas Ascón, pues no existe otro empresario involucrado y no se entiende con quien se ha coludido el gobierno regional si la única empresaria a la que está emplazando solo ha ejecutado la décima parte. Tal parece que le falta consistencia a los cargos formulados por el Fiscal, ya el último sábado el abogado Carlos Fernández ha demostrado que la acusación de la fiscalía no tiene motivaciones legales. Eso es bastante delicado pero la fiscalía tendrá que hacer mucho más para poder sostener una acusación de colusión sin que existan otros coludidos.

EFECTIVIDAD

El PRONIS ya ha lanzado la licitación pública para seleccionar a la empresa que se encargará de edificar el futuro mercado El Progreso, por lo que se presume que en los últimos días de este año se finiquitarán los procedimientos y en enero se puede estar iniciando la obra. Pero esta licitación se ha lanzado apenas unos días después que el alcalde Roberto Briceño entregara la habilitación de los predios que ha comprado el gobierno Regional en el P.J. Dos de mayo. Lo mismo ocurrió cuando el PRONIS terminó el local de contingencia y desocupó la posta de salud de El progreso, pues en ese momento el Municipio no tenía listo el desalojo de los comerciantes del mercado Progreso debieron esperar varias semanas para seguir avanzando. Tal parece que mientras algunos en Lima caminan a ritmo de la fórmula uno, en Chimbote avanzan a paso de tortuga.