La noche del último viernes se pudo conocer que solo horas antes, la fiscalía anticorrupción de Huaraz había solicitado al Juzgado de turno se dicte una medida de detención preliminar de siete días contra el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, así como contra otros funcionarios de su gestión y de la empresaria chimbotana Ninel Romero Bartusiak.
Los hechos que se relacionan con este pedido fiscal están relacionados a la ejecución de obras y compras por emergencias realizadas por el gobierno regional para atender la emergencia sanitaria del Covid 19, en las cuales dice haber detectado serias irregularidades y acusa el delito de colusión.
Sin embargo, este pedido se hace en medio de una suerte de desencuentros entre el fiscal a cargo de la investigación Rojas Ascón y su adjunta Janet Arias Maguiña, quienes en la víspera habían acusado una suerte de desaire por parte del Juez que ha prevenido esta investigación, Derby Quezada Blanco, de quien dijeron que los había citado en dos oportunidades y no los había recibido.
Justamente, esta acusación de los representantes del Ministerio Público guarda relación con la denuncia pública que hiciera el abogado defensor del gobernador regional, Carlos Fernández Beltrán, quien se mostró extrañado que los fiscales hayan realizado una intervención de estas características, con incautación de bienes y equipos, sin que cuenten con una autorización del juez de la causa.
De la misma manera, mostró documentos que demuestran que los magistrados ni siquiera notificaron al Gobernador sobre el desarrollo de esta diligencia, privándolo del derecho más natural de un hombre, sea funcionario o no, como es el derecho a la defensa.
Sin embargo, en medio de estas escaramuzas, el juez huaracino se vio precisado a publicar un comunicado a través de la Corte Superior de Ancash, en la cual desmentía que haya citado a los Fiscales como ellos afirmaban, descartando que haya un desaire como ellos lo califican, lo que deja entrever una suerte de desencuentros que no le hacen nada bien a la administración de justicia transparente e imparcial.
Sin embargo, mientras el Fiscal se despachaba a su gusto con una prensa que suele ser radical en la ciudad de Huaraz, el juez expedía una resolución que virtualmente deja sin piso las conclusiones que está planteando el Ministerio Público, es decir, el pedido de una detención preliminar de siete días en la medida que los medios de prueba que tiene el magistrado han quedado sin efecto.
Sin embargo, una detención preliminar, a diferencia de una medida de prisión preventiva, es un mecanismo que impulsa la fiscalía cuando tiene evidencias fundadas y probadas de un peligro de fuga del investigado, de tal suerte que solicita al Poder Judicial dicte la medida restrictiva contra el investigado a efectos de cerrar su investigación para solicitar posteriormente los apremios legales a los que haya lugar.
Pero, ¿cuáles son esas motivaciones del fiscal para demandar una medida tan drástica como la detención preliminar para una autoridad que está en el ejercicio de sus funciones? De acuerdo a lo que expresa en su disposición fiscal, asegura que el Gobernador Juan Carlos Morillo está virtualmente desaparecido, que desde el mes de agosto no acude a laborar y que no fue ubicado en su domicilio de Chimbote.
En realidad, este argumento no se sostiene a “ojo de buen cubero”, pues los medios de comunicación dieron cuenta de la intervención del Gobernador en palacio de gobierno y sus reuniones con el presidente de la república, desde hace meses que los medios dan a conocer que el gobernador despacha en la Sub Región Pacífico y que una mera constatación que no estaba en su domicilio no es suficiente en la medida que allí mismo le informaron que había salido a trabajar.
En otras palabras, el Fiscal Robert Ascón era consciente que el Gobernador no estaba fugado, bastaba que lo cite a su despacho para que lo compruebe, empero, ha direccionado las diligencias de una tal manera que pretende dejar la impresión que el gobernador estaba virtualmente desaparecido, el mismo discurso de los opositores de Morillo que llegaron al extremo de sostener que pretendía fugarse de la justicia al internarse en Essalud cuando se contagió el Covid.
Y solo hacemos alusión a los desvaríos procesales el fiscal, no evaluamos el aspecto de fondo en donde las dudas sobre son mucho más preocupantes, al extremo que el abogado defensor no ha vacilado en calificar la existencia de presiones políticas detrás de este pedido de detención preliminar. Todo apunta que ha sido así, de allí que habrá que esperar que el juez resuelva y califique los argumentos de la fiscalía.