Desde hace algunas semanas se ha denunciado la presunta existencia de una mafia que viene traficando con terrenos en la vecina provincia de Casma, en cuyos hechos no solo se vislumbra la típica invasión de predios del estado, sino que se ha impuesto el abusivo y delictivo pago de cupos contra los moradores de un asentamiento humano.
Los afectados mostraron en su debida oportunidad los recibos que les extendieron los involucrados en esta actividad ilícita, los traficantes de terrenos que han llegado al extremo de elaborar y obtener escrituras públicas de la compra de terrenos que son de propiedad del proyecto Chinecas, así como de pagos que les exigen por la supuesta tramitación de títulos que no los puede extender sino el estado.
Estos hechos vienen ocurriendo en el A.H. Señor de Mayo, en Casma, en donde dos sujetos emularon una compra venta de terrenos que eran de propiedad del proyecto especial Chinecas y lo hicieron con tal facilidad que en la Notaría ni siquiera les exigieron los documentos que acrediten la propiedad de los predios de esa transferencia, es decir, que se transfirieron tierras que eran de terceros.
Lo cierto es que en la época de César Álvarez promovieron las invasiones y se estableció el mentado Asentamiento a cuyos moradores les cobraron derechos de trámites, guardianía, pagos a cuentas y una serie de pretextos que solo encubría el fraude que perpetraban.
Lo más grave es que se ha conocido la semana pasada que la primera Fiscalía Provincial y el Juzgado de Paz de la vecina provincia de Casma han admitido una demanda mediante la cual los protagonistas de este tráfico de tierras pretenden que se les reconozca la condición de propietarios y han tenido la osadía de denunciar a las familias que ellos mismos indujeron a invadir para enriquecerse con los pagos que les hacían.
Lo que no se entiende es como una autoridad puede atender una acción legal de dos individuos que lo único que pueden demostrar es un título falso, pues las tierras de Chinecas no pueden transferirse sino a título de subasta pública o de un cambio de uso que se tramita a través de la superintendencia de Bienes Nacionales.
Este enigma se podría aclarar con la información que han proporcionado los moradores afectados en el sentido que la abogada que defiende y patrocina a los denunciados por tráfico de tierras es hija del Notario Público que avaló la venta ilegal de los predios de Chinecas, y, a la vez, es esposa del Fiscal Provincial que ha tenido la osadía de admitir una denuncia contra los moradores afectados por las trapacerías de los acusados de tráfico de tierras. Algo así como que todo queda en familia.
Es pertinente que las autoridades aclaren lo que viene sucediendo en Casma, se está traficando descaradamente con tierras que son de Chinecas, más aún cuando el trámite oficial para la transferencia de esos predios se hace a través de las autoridades del Municipio Provincial y el gobierno regional de Áncash, nadie tiene título o derecho para asumir la propiedad.
PESQUISA
La Corte del Santa acaba de disponer la excarcelación de un ginecólogo de nuestra ciudad que ha sido denunciado por una paciente de haber abusado de ella, al parecer, cuando realizaba una consulta médica que le había solicitado.
Los hechos no han dejado de llamar la atención en la medida que se trata de la sindicación a un profesional en el ejercicio de sus funciones, un exceso ilícito por parte de un médico hacia su paciente, sin embargo, ese marco punitivo que generó espanto en los chimbotanos parece haberse desvirtuado en la medida que la justicia no ha considerado pertinente enviar a Penal al médico en la medida que existen contradicciones entorno a los cargos formulados.
De primera intención, el galeno rechazó la denuncia y, aun cuando admitía que había mantenido intimidad con la denunciante, aseveró que tenía una relación con aquella, inclusive, ha aportado como prueba las imágenes de las cámaras de seguridad en la que se aprecian que la acusadora sale de su consultorio de manera tranquila y sin que alguien pudiera advertir que ha sido violentada.
De todas formas, este caso no se ha cerrado, la investigación continuará su curso con el investigado en libertad, pero hay un deslinde pendiente por realizar. Una denuncia de este tipo expone el ejercicio profesional y deja sentada dudas de la integridad de las personas, de allí que es imperativo que el juez y Fiscal a cargo de la pesquisa deslinden y determinen lo que realmente ocurrió.