SUSPÉNSION I
Este jueves 17 el consejo regional de Áncash se reunirá para debatir los pedidos de suspensión y vacancia contra el gobernador regional Juan Carlos Morillo, los cuales a pesar que suenen contradictorios, forman parte de una demanda formulada por un ciudadano en estricto ejercicio de un derecho que reconoce la ley. Se trata de Darío García Polo, quien hace ya varias semanas ha recurrido al Jurado Nacional de Elecciones y este máximo organismo electoral ha tramitado este pedido ante el Consejo Regional de Ancash a efectos que convoque a sus integrantes y discutan los pedidos, razón por la cual han decidido efectuar esta convocatoria para este jueves. Estos casos nada tienen que ver con la medida de prisión que se ha dictado contra el gobernador el pasado miércoles, son trámites que se hallaban pendientes, el primero de ellos (la suspensión) por no haber instalado ni convocado por lo menos una vez cada 2 meses al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC Áncash), de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y, el segundo un pedido de vacancia “por dejar de residir de manera injustificada, hasta un máximo de 180 días en la región Áncash, o por un término igual al máximo permitido por Ley para hacer uso de licencia, conforme lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”. Son argumentaciones que responden a su manera de ver las cosas e interpretar las normas, consecuentemente, requieren de un debate y un previo informe de las comisiones legales para que se pronuncien sobre el tema. En estos dos casos hay un aspecto de fondo que alcanza no solo la ley orgánica de elecciones sino las leyes afines y la constitución, al margen de los informes de la secretaria general respecto a la convocatoria de reuniones y la asistencia que se alega en el recurso. Es decir, que eso tiene para rato.
SUSPENSION II
Pero este mismo ciudadano ha presentado el último fin de semana un nuevo pedido al consejo regional de Ancash con la finalidad que se incorpore a la convocatoria realizada para este jueves, un pedido de suspensión del Gobernador a consecuencia de la medida de prisión que ha dictado el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz y el internamiento de la autoridad regional en el establecimiento penal de esa ciudad . El peticionante exige que se declare la suspensión por la condición jurídica que ostenta a la fecha el gobernador, sin embargo, este pedido no podrá ser ni siquiera admitido porque colisiona con la ley orgánica de los gobiernos regionales que, en su art, 31 establece que el cargo de Gobernador, vice gobernador o consejero se suspende por mandato firme de detención…”, lo que quiere decir que la medida de prisión dictada la semana pasada debe ser aun objeto de una evaluación en la instancia superior. Solo después de ello si se mantiene el mandato de prisión preventiva se podrá debatir la suspensión del cargo del Gobernador. Eso está bastante claro, así que habrá que esperar cómo se tramita la impugnación que ya han formulado todos los abogados defensores.
USURPADORES
Las autoridades deben tomar nota de lo que viene ocurriendo en el balneario de Tortugas pues la semana pasada, al más puro estilo de las mafias, una pareja respaldada por un grupo de sujetos de mal aspecto, se metieron a una vivienda y la tomaron por la fuerza, echando a la persona que se encargaba de su custodia. Esto es un delito por donde se le mire, aun cuando los protagonistas de estos hechos, una pareja que es utilizada y se presta para la ilegalidad, aleguen que han alquilado la vivienda a una mujer y no tienen nada que con otra persona. Claro esa mujer se encuentra procesada por delito de estafa al haber formado parte de un tinglado documentario consistente en la compra venta de un predio que le pertenece a otra persona, que en un determinado momento estuvo sujeto a una garantía prendaria. Sin embargo, ella no significa transferencia alguna, por lo que se había cometido un típico delito de estafa en la modalidad estelionato que ya la justicia está a punto de sancionar. De allí que, en la medida que la propietaria afronta una medida judicial en otro proceso, los estafadores han promovido la invasión del inmueble a través de terceros, en decir, apelan al mismo libreto que conocen, toman las propiedades de terceros con uso de la violencia y hacen papeleos para pretender quedarse con el inmueble. Ya es tiempo de terminar con esta clase de bribones.