Administración Vizcarra, Ejecutivo y Legislativo son los responsables
POR: Víctor Andrés Ponce (*)
Horas después de que la calificadora Fitch cambiara la calificación crediticia del Perú de estable a negativa, la administración Sagasti confirmó que la vacuna contra el Covid 19 no tenía fecha, mientras el Congreso se preparaba para aprobar una ley que liquidará el milagro agroexportador del país, que pretende ser copiado por diversos estados en todos los continentes. De pronto el país que era una promesa para enfrentar el Covid y la recesión mundial de la economía, literalmente, está en ruinas.
La única explicación de la destrucción institucional, política, económica y social del país está en la guerra política y la frivolidad e irresponsabilidad que cultivó la pasada administración. Cuando Martín Vizcarra ejercía la jefatura de Estado solía desarrollar presentaciones diarias buscando convertirse en el patriarca de la lucha contra el Covid. Hoy, frente al hecho incuestionable de que el Estado no garantiza la vacunación de la población del país en el 2021 –mientras Estados Unidos, Europa, Chile y Colombia comienzan el proceso de antes de fin de año– solo resta decir que durante la administración Vizcarra todo se redujo a fuegos artificiales para conseguir el aplauso de la población.
Y es que el Ejecutivo solo alentó la guerra política y la guerra institucional contra el Congreso para alcanzar popularidad. Esta guerra se desató alrededor de la búsqueda del punto de la encuesta; es decir, de la promesa o propuesta que más encandile a la gente, al margen de la viabilidad de los ofrecimientos. Ya hemos contemplado la guerra Ejecutivo – Legislativo durante la emergencia alrededor de “las medidas más populares”: sistema privado de pensiones, ley de la ONP, peajes, control indirecto de precios de pensiones educativas y gambitos para estatizar las clínicas. Hasta que la megarrecesión desató las demandas justificadas de la gente, y hoy el Congreso está a punto de sancionar “una nueva reforma agraria” que, en muy poco tiempo, liquidará el milagro agroexportador, alejará la nuevas inversiones en el agro y empobrecerá el campo.
Si a estas noticias le agregamos el hueco fiscal que podría generar la ley que devuelve los aportes inexistentes de la ONP, es incuestionable que en la irresponsabilidad de la administración Vizcarra, en el populismo desatado del Congreso y en la actitud indiferente con la economía de mercado de la administración Sagasti, están las causas del cambio de calificación de estable a negativa que acaba de establecer Ficht de la deuda peruana. Algo parecido no sucedía desde el 2002. Sin embargo, considerando la ola populista, que puede liquidar la inversión privada en el agro, es incuestionable que no se trata de una situación parecida a la del 2002, sino de una especie de viaje hacia los años ochenta, cuando que el estatismo y la falta de inversión privada desataron una crisis sin precedentes y el empobrecimiento del país.
Si seguimos haciendo de aves de mal agüero –un ejercicio a veces necesario para convocar a la reflexión–, entonces habría que mirar la huelga que las minorías radicales organizan en el sur con el objeto de golpear al corredor minero, en donde se emplazan las minas que producen el 50% del cobre nacional. Las minorías radicales ya saben que, con menos de 3,000 personas –tal como sucedió en Ica–, se pueden bloquear carreteras y ejercer la violencia contra la propiedad pública y privada, para doblegar al Ejecutivo y al Legislativo y desencadenar la derogatoria de una ley que, en las últimas dos décadas y a través de cuatro gobiernos constitucionales, fomentó la inversión en el agro, redujo la pobreza y fomentó el milagro agroexportador.
¿Cómo fue posible que minorías activas y violentas se impusieran? La terquedad y frivolidad de la administración Sagasti en persistir en el ilegal pase al retiro de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de asumir el relato de las izquierdas que pretenden demonizar a los efectivos policiales, simplemente ha desencadenado una huelga de brazos caídos de la PNP. Hoy las minorías, con un poco de vehemencia y decisión, podrían cercar Lima con bloqueos de carreteras desde el campo y la ciudad, y generar una crisis sin precedentes. Desde la independencia esa situación se llama anarquía. Y de alguna manera, la desorganización del país también comienza a ser responsabilidad de la administración Sagasti.
El Perú, pues, está con la calificación crediticia a la baja, sin vacuna asegurada para el 2021, con el Legislativo aprobando leyes que harían palidecer de envidia a las asambleas chavista de Venezuela y con una anarquía generalizada que amenaza con devorarse el tejido social. Los únicos felices con esta situación son las corrientes comunistas y colectivistas, que celebran el fin del neoliberalismo. Sin embargo, el peor enemigo de estos sectores es la cercanía de las elecciones del 2021: no pueden ganar. No tienen la menor posibilidad. Es decir, no hay que perder la esperanza.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)