Reglamento permite violar secreto bancario y reserva tributaria:
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
El 2021 no solo empezó con dos terribles normas aprobadas por el Congreso que cancelan la libertad de precios, uno de los pilares del modelo consagrado en la Constitución. El Legislativo y el Ejecutivo aprobaron una remuneración agraria especial –con un 30% de bonificación no remunerativa– que establece un salario por encima de la productividad y la realidad de las más de 8,000 empresas que participan en el boom agroexportador.
El resultado de esta medida será la quiebra de las pequeñas empresas y la agonía de los cultivos de arándanos, espárragos, granadas, entre otros, con masiva contratación de mano de obra, sobre todo en mujeres. Las grandes empresas absorberán el golpe, comprarán las tierras de las pequeñas unidades quebradas y mecanizarán su producción agroindustrial. Los comunistas entonces, con la reciente ley agraria aprobada, fomentarán una nueva concentración de tierras.
De otro lado, la norma que aprueba topes a las tasas de interés bancarios ha excluido a los pobres y a las pymes de la posibilidad de acceder a un crédito formal. El motivo: el tope a la tasa de interés, simplemente, implica la eliminación de la evaluación de riesgo –más alto en los pobres y las pymes– en las posibilidades de otorgar un crédito. La lógica en el mercado siempre fue a más riesgo, más tasa de interés, como una manera de proteger los depósitos de los ahorristas que sirven para otorgar los créditos. Hoy se han eliminado los riesgos, y a los pobres y a las pymes solo les queda el crédito informal, que suele llegar a 800% o 1,000% de interés anual. El control de precios solo empobrece más a los pobres y enriquece a quienes tienen mejores contactos en el Estado y la formalidad.
Pero eso no es todo. Las leyes aprobadas por el Congreso, que destruyen la iniciativa privada en el agro y ahorcan las posibilidades de crédito formal de los pobres, de alguna manera también significan el empoderamiento general del Estado sobre la sociedad y los mercados en la formación de los precios. La ola de quiebras que se desatará en el agro busca iniciar una posible ola de estatizaciones y el regreso del estado empresario, que desencadenó la tragedia de hambre y miseria en el campo en los ochenta.
Es decir, menos sociedad, menos mercados, menos privados, pero más Estado. En ese sentido debe leerse el reglamento del Decreto Legislativo 1434 que establece la obligación de los bancos de reportar a la autoridad tributaria todos los movimientos bancarios de las cuentas con saldos superiores a S/ 10,000 con el objeto de luchar contra la elusión y la evasión.
En este portal hemos denunciado permanentemente la evasión tributaria y creemos en la urgencia de ampliar la base tributaria del Estado mediante una serie de reformas. En ese sentido, nos adscribimos a todas las propuestas de buena voluntad que buscan formalizar al Perú y reducir la alarmante evasión tributaria que impide construir carreteras, escuelas, hospitales e infraestructuras.
Sin embargo, igualmente consideramos que estos justos objetivos de ninguna manera deben significar violar derechos constitucionales inalienables de los ciudadanos. La nueva facultad que se otorga a la autoridad tributaria en la práctica anula el derecho al secreto bancario y la reserva tributaria, consagrados en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993.
Es incuestionable que muchos ciudadanos y actores de la economía nacional interpondrán recursos ante el Poder Judicial planteando acciones de garantía constitucionales porque, de acuerdo a la Constitución, el secreto bancario y la reserva tributaria solo pueden ser levantados a pedido de un juez, del fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso.
El Perú, entonces, ha ingresado a un grave proceso de descomposición institucional, en que las instituciones tutelares convierten a la Constitución en letra muerta. El Ejecutivo pasa al retiro a 18 oficiales generales de la policía de manera ilegal, el Congreso aprueba leyes que establecen controles de precios directos e indirectos y ahora se promulga el reglamento que faculta a la autoridad tributaria a relativizar derechos constitucionales escritos en piedra.
Es hora de reaccionar y detener este proceso de destrucción de nuestro sistema institucional.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)