(Por: CPC Sergio Agurto Fernández)
Nuevamente el panorama social del país se vuelve a convulsionar, por los problemas laborales no resueltos, nos estamos refiriendo a los trabajadores de campo del sector agro exportador, la primera fue en Octubre 2020, y la segunda en el pasado mes de Diciembre.
Lo que preocupa no es el fondo del problema, que seguramente la razón y el derecho les asiste, sino la forma cómo se plantean los reclamos, con una belicosidad desenfrenada que arrastra tras de sí, no solamente a un entorno social desvinculado del tema, o sea la población, sino también a los activistas de tendencias totalitarias, que deambulan buscando infiltrarse en cuanto conflicto gremial (social, laboral) se les presenta y que luego vemos las consecuencias: desborde callejero por gente enardecida, toma de carreteras con muertos y heridos de personas civiles y también policiales, atentados contra la propiedad pública y privada, etc., es decir que todo es un verdadero caos por el grado de virulencia alcanzado, con pérdida del respeto a la autoridad y al orden establecido.
Como país civilizado que somos, todo esto tiene que avergonzarnos, inevitablemente, y llamarnos a la reflexión, por estos desenfrenos irracionales que lindan con el delito, impropio de seres inteligentes, hechos que nos hacen pensar que en pleno siglo XXI, todavía existan grupos poblacionales que se resisten a olvidar sus orígenes cavernarios y optan por volver a él, donde el hombre primitivo arreglaba sus diferencias con el lenguaje de la violencia. Marquemos distancia de esta odiosa comparación, actuando civilizadamente.
A nuestro entender, por un mal manejo del tema, por parte de las autoridades del gobierno, se les ha dado demasiada tribuna a un problema laboral, que debió de resolverse, como tantos otros de naturaleza similar, siguiendo los estándares establecidos para este tipo de conflictos: empleador-trabajador (sindicato), nada más, teniendo al Ministerio de Trabajo como un ente mediador, para hacer cumplir los acuerdos arribados. Consideraciones excesivas brindadas a los trabajadores, los han empoderado haciéndoles alucinar, que las exigencias económicas más las mejoras en las condiciones de trabajo, deben de ser atendidas tal cual fueron presentadas, sin importar si con ello tangan que matar a la “gallina de los huevos de oro”, o sea, a los empresarios agro exportadores.
Toda acción humana es replicable, según como convenga a las personas, y lo que está ocurriendo con estos trabajadores, otros gremios laborales también se adjudicarán el derecho de hacer lo mismo, exigiendo que sea el gobierno y no las empresas, el que tenga que fijar los aumentos salariales del sector privado. Es un absurdo pensar así, pero es eso lo que está pasando.
Cuando se dio la ley de promoción agraria para dinamizar al sector agro exportador, se cometió el error de fijar en esa norma legal, cual debería de ser el salario del personal de campo, cuando en realidad este es un tema de exclusiva competencia del binomio empresa-trabajador, y esa determinación está en función de la magnitud de la empresa (pequeña, mediana y gran empresa) y de los resultados obtenidos en un año calendario. Es obvio que cuando a futuro se quiera modificar esa cifra, como ahora, será el gobierno, a través del Congreso, el que tenga que establecer los nuevos topes salariales a favor de los gremios laborales en conflicto; algo inaudito. Lo que debió de haber ocurrido es, fijar una “hoja de ruta” para cuando se tenga que resolver los incrementos remunerativos; si bien este es un tema importante para la economía del país, no deja de ser un asunto doméstico, cuyo tratamiento específico escapa a la competencia del gobierno.
El Congreso de la República está para temas mayores, y no para resolver los conflictos laborales, no es de su competencia. No debe perder la perspectiva de sus delicadas funciones, y de una buena vez debe dejar zanjado este problema, correspondiendo al Poder Ejecutivo la responsabilidad de apagar estos “amagos de incendio”.
Entendemos que los grupos agroexportadores ya se consolidaron empresarialmente, y es saludable de que así sea y puedan exhibir razonables índices de rentabilidad; pero también eso debe ser un elemento motivador para contribuir a lograr una duradera paz laboral, practicando una justa política remunerativa con quienes representan a ese valioso factor de la producción, que es el trabajo, que como sabemos, actúa sostenidamente con los otros dos factores (Capital y el Estado), generando la riqueza que se ve reflejada en el incremento del PBI.
Por estos antecedentes es de considerar que un modesto aumento salarial que beneficie a los trabajadores, con seguridad que no va a ser nada catastrófico para las finanzas de la empresa, en razón de que sólo habrá una moderada alternación en la estructura de costos de los productos agrícolas; más por el contrario, tendrá al trabajador como un aliado natural en los objetivos de la empresa, y, que tendrá que ser compensada con una mejora en el rendimiento laboral.
Cuando, quienes tienen la responsabilidad de estar vigilantes sobre los distintos aspectos de la vida nacional y no cumplen con su labor, es lo que se producen estos hechos. Ya la Defensoría del Pueblo constantemente cumple con alertar de todos los conflictos sociales que se van gestando; no obstante a existir las instancias administrativas para involucrarse en el tema, siempre están ausentes en las soluciones; después vienen los lamentos por algo que se pudo hacer y no se hizo.
Lo ocurrido en Ica, Chao y Virú, es inevitable que se repliquen en otros puntos del país, ahí donde hay proyectos especiales que sólo cultivan productos agro exportables. Si no lo hay, habría que diseñar un marco legal que sirva de referencia obligatoria para aplacar los conflictos laborales, desde cuando están en germinación. El auge de este tipo de agricultura en la costa, ha atraído a los agricultores sin tierra y a los que siembran productos de baja rentabilidad (alimentos), que han abandonado sus campos de cultivo para aventurarse a conquistar a la ciudad, dejando sin mano de obra a la agricultura andina, con el riesgo de ocasionar un fatal desabastecimiento de alimentos en los mercados.
Todos estos eventos revoltosos, dejan una lamentable secuela de muertos y heridos, por ambos lados. Aquí tenemos que ser claros para decir que, ninguna de las víctimas son ciudadanos inocentes o que de casualidad estaban merodeando por el lugar equivocado, no señor; el solo hecho de estar presente en un bloqueo de la carretera, ya es un delito. Producido los hechos, luego viene la busca de los culpables, y todos con una brutal exageración, apuntan a la policía. Si alguien no quiere correr riesgos inminentes, o no quiere asumir responsabilidades ajenas, lo mejor es quedarse en casa. La policía siempre lleva la de perder, los mandan a develar un motín solo con instrumentos de defensa (Escudos y varas) y las dispersadoras bombas lacrimógenas, nada más; pero los revoltosos, si bien no disponen de armas de fuego, pero sí disponen cuanto menos de un arsenal gratuito (Piedras) y de las clásicas hondas que son bastante efectivas y letales a corta distancia.
Cuando en estas revueltas callejeras “cae” (Fallece) algún protagonista infractor, los derechos humanos se activan de inmediato, hasta lograr encarcelar al policía “asesino” y tramitar su baja en la institución policial; a la inversa, cuando un policía “cae” en el cumplimiento de sus funciones, curiosamente, los derechos humanos se enmudecen, hasta la justicia se esmera en armarle un tinglado legalistico para sustentar una condena de prisión efectiva. Todo esto porque el problema se ha mediatizado, con amplios titulares en los medios informativos, y nadie se atreve a contradecir a esta equivocada corriente de opinión.