Por fin el viernes 29 de enero, después de varios días de innecesaria y antojadiza postergación, los miembros del Consejo Regional acordaron por unanimidad suspender por 120 días al encarcelado gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa. De esta manera, y no quedándole otra cosa que dar cumplimiento al Art. 31 de la Ley 27867, Ley General de Gobiernos Regionales, los consejeros encargaron la titularidad del gobierno regional de Ancash al vice gobernador Henry Borja Cruzado.
Textualmente, el mencionado dispositivo establece que un gobernador regional es suspendido del cargo cuando existe de por medio “un mandato firme de detención derivado de un proceso penal”. En el caso de Morillo, el mandato firme de detención se produjo el 9 de enero, lo que significa que, a más tardar al día siguiente, debió ser suspendido del cargo. Sin embargo una mayoría de 17 consejeros, no se sabe porque razón, prefirieron esperaron veinte días más para cumplir a regañadientes con el referido mandato legal. Hasta ahí, todo puede estar bien.
Pero eso no es todo. El Art. 23 de la misma ley dispone que el vice gobernador reemplaza al gobernador “en caso de licencia concedida por el consejo regional” y esto es exactamente lo que debió producirse en el mes de septiembre cuando el gobernador Morillo fue hospitalizado luego de ser diagnosticado de padecer el covid 19.
Sin embargo, en aquella oportunidad esa mayoría de consejeros optó por sacarle la vuelta a la ley. Simplemente no convocaron a ninguna reunión y menos otorgaron a Morillo la licencia que de acuerdo a ley, e incluso de oficio, debieron concederle.
Por el contrario, dichos consejeros permitieron que la gerente general, una funcionaria nombrada a dedo, dirigiera el gobierno regional a su libre albedrío, sin más mérito y sin más justificación que “la confianza” otorgada por el gobernador Morillo a través de un documento administrativo. No pues. Una funcionaria nombrada por favores políticos no puede desempeñar un cargo con las prerrogativas que solo le corresponde a una autoridad elegida por voto popular.
De esa manera, y durante su “ausencia”, Morillo siguió manejando desde la sombra el otorgamiento de licitaciones y la contratación de servicios, se estima que por más de 100 millones de soles, lo que por supuesto dio lugar a una serie de suspicacias. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera porque los consejeros, sabe Dios a cambio de qué, terminaron por hacerse de la vista gorda. Una jugada perfecta.
Justamente entre las licitaciones que se otorgaron en ese periodo, amparándose en la ley de emergencia sanitaria, figura la obra de ampliación del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, la misma que inicialmente fue convocada con un presupuesto de 7 millones de soles. Como se recuerda, en un primer momento la mayoría de los consejeros votó contra la aprobación de la obra. Pero ¡oh milagro¡ en una segunda votación y con el presupuesto incrementado a 10 millones de soles, votaron por su aprobación.
Como es de público conocimiento, es por este caso que el aún gobernador Juan Carlos Morillo está siendo procesado bajo el supuesto delito de colusión. Como se puede ver, en vez de fiscalizar la inversión del gobierno regional, para los consejeros regionales todo estaba okey. Ha tenido que venir un equipo especializado de fiscales anti corrupción para que recién se detecte la existencia de irregularidades y se formule la respectiva denuncia penal.
Solamente al término del proceso judicial se podrán establecer las responsabilidades penales y asimismo aplicar las sanciones a que hubiere lugar. Pero muy al margen del aspecto legal, valdría tener en cuenta que lo que también se requiere es reivindicar la imagen y por consiguiente reserva moral de la región Ancash.
¿Alguien podrá aconsejar a los consejeros regionales cómo hacerle este favor a Ancash?