Empecemos con un poco de historia. Diciembre 17 del 2009. En vísperas de navidad, el Gobierno Regional de Ancash presidido por César Álvarez Aguilar, adjudicó la obra de construcción y mejoramiento del canal San Bartolo del distrito de Santa al Consorcio San Bartolo cuyo gerente general era en aquel entonces el aún gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa.
Cabe señalar que en ese momento la obra aún no contaba con el código SNIP que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas, sin el cual no se puede comprometer ninguna inversión pública. El SNIP de esta obra salió un mes después, cuando ésta ya estaba adjudicada e incluso se había otorgado un “adelanto” de más del 50 por ciento. En buen romance, se puede decir que Álvarez se puso primero el pantalón y después el calzoncillo.
De acuerdo con el contrato navideño, el presupuesto aprobado ascendía a S/ 17’786,118.00 y el plazo de ejecución era de 8 meses, lo que significaba que la obra debió quedar concluida a más tardar en agosto del 2010. Se trata de un canal de riego, indispensable para la siembra de arroz y otros cultivos que todos los años realizan los agricultores de esa zona.
Sin embargo, fue recién en mayo del 2012, dos años y medio después, cuando la obra fue recepcionada por el Gobierno Regional a pesar de no estar totalmente concluida. De los 11 kilómetros que debieron ejecutarse solo se culminaron 9. No se ejecutó 1.8 kilómetros. Aún así, el monto que se pagó por ella se incrementó a la astronómica cifra de S/ 36’583,730.00. ¡Más del doble¡.
En doce oportunidades César Álvarez Aguilar autorizó durante ese tiempo igual número de “ampliaciones” presupuestales a favor del Consorcio San Bartolo. Como su palabra era ley, nadie se atrevía siquiera a pedirle una explicación sobre el particular. Para tener una idea más precisa de lo que estamos comentando, vamos a mencionar a dos de dichas ampliaciones. La primera, por un importe de S/2’246,405.00, fue autorizada por Álvarez mediante Resolución Ejecutiva N° 009 de fecha 10 de enero del 2010. La última, por un monto de S/ 2’499,325.00, tiene fecha 25 de noviembre del 2011. Esa era, pues, la forma cómo se manejaba el dinero del Gobierno Regional de Ancash.
Por fin el 15 de octubre del 2015 la Contraloría General de la República denunció estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, abriéndose proceso penal contra más de cuarenta implicados. La lista es encabezada por César Álvarez Aguilar, Juan Carlos Morillo Ulloa, la hermana de éste, Janet Morillo Ulloa, quien era representante legal del Consorcio San Bartolo y el ingeniero Ismael García Rivera, esposo de la fiscal Nancy Moreno Rivera, quien por ese entonces era funcionario del proyecto Chinecas y fue uno de los que se encargó de dar conformidad a la ejecución de la obra.
Pero no obstante el tiempo transcurrido, la investigación fiscal parece haberse congelado. A seis años de su inicio, actualmente no se conoce con exactitud en qué nivel de avance se encuentra. Lo único que se sabe es que el caso ya va pasando por la mano de seis fiscales, el último de los cuales acaba de hacerse cargo la semana pasada.
Pero eso no es todo. Hay algo que el procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia dio a conocer en su oportunidad. En el mes de setiembre del 2019, irónicamente llamado “Año de la Lucha Contra la Corrupción” y cuando Juan Carlos Morillo ya era gobernador regional de Ancash, el programa Reconstrucción Con Cambio “ejecutó” el 1.8 kilómetros que aún faltaba concluir.
Pero, si la obra se encuentra en pleno proceso de investigación fiscal ¿Cómo es que se haya pretendido borrar la prueba del delito?. ¿Quién solicitó y quién autorizó semejante despropósito?. De acuerdo con su ley de creación, el Programa Reconstrucción Con Cambios, como su nombre lo dice, está obligado a reconstruir cualquier daño causado por un fenómeno natural como huayco, lluvia, desborde de ríos, etc. Y ese no precisamente es el caso del canal San Bartolo, cuya desgracia es haber caído en manos de la corrupción. Aparte de los 36 millones de soles ¿cuánto más se ha gastado en esta obra?
Esa y otras inquietudes tendrá que responderlas el fiscal que acaba de asumir el caso y que esperemos que sea el último. No vaya a ser que la investigación termine por congelarse para beneplácito de los implicados. Sería un milagro que San Bartolo no se merece.