Por: Mg. Miguel Koo Vargas (*)
La educación es una de las variables más importantes a considerar cuando queremos evaluar el nivel de desarrollo de los países, porque impacta significativamente en la vida de las personas, generando puestos de trabajo e ingresos, y, por lo tanto, mayores impuestos para el Estado. Países del denominado “primer mundo” saben perfectamente que la inversión más importante que pueden hacer es en las personas, por ello es que destinan un porcentaje considerable de su PBI al fortalecimiento de la educación, la investigación y la innovación en todos sus frentes.
Si el Perú quiere ser un país protagonista en la educación y generar un auténtico desarrollo sostenible, un aspecto importante a tener en cuenta es qué tan preparada se encuentran las instituciones educativas para ofrecer una educación de clase mundial. Podríamos detenernos a evaluar todo el modelo educativo con sus ineficiencias en estructuras y planes curriculares, pero hay dos factores de raíz que considero neurálgicos para resolver el drama de la educación, principalmente en los institutos y universidades. Por un lado, el desarrollo de políticas educativas desde el Gobierno, y, por otro lado, la capacidad de gestión de la educación superior en las instituciones públicas y privadas.
Hace unos años el Gobierno inició un proceso de reforma educativa en las universidades e institutos con la famosa Ley Universitaria N° 30220. A través de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), se llevó a cabo el proceso de licenciamiento de las casas superiores de estudio, que tenía por objetivo establecer condiciones básicas de calidad para que puedan operar. Dicho proceso tardó cerca de cinco años, con resultados no tan alentadores de cara al futuro. Debemos tener en cuenta que, al día de hoy, de las 141 universidades y escuelas de postgrado que presentaron sus solicitudes, solo han recibido el licenciamiento 92 universidades y dos escuelas de postgrado. Todas estas universidades a las que denegaron el licenciamiento, no fueron capaces de proponer evidencias concretas que aseguraran lo mínimo indispensable para impartir sus programas, provocando, de esta manera, un desabastecimiento crítico en la demanda de la población estudiantil.
Sin ir muy lejos, veamos dentro de Chimbote cómo la oferta educativa de las universidades privadas se ha reducido a dos instituciones foráneas, siendo la Universidad Nacional del Santa, la única pública de nuestro puerto que sigue en pie. ¿No es esto acaso un auténtico drama para la educación local? ¿Qué va a suceder con las próximas generaciones que están por seguir sus estudios superiores? Para algunos no les quedará mayor remedio que migrar hacia la capital, al norte o a otras partes del mundo buscando nuevas alternativas de formación, entonces aquí surge una cuestión importante ¿Qué tan interesados estuvieron las autoridades locales sobre el fortalecimiento de la educación, sabiendo que esta es una variable indispensable para el desarrollo? o ¿qué podemos decir sobre los candidatos al Congreso: la educación representa una prioridad en sus agendas partidarias? ¿Realmente les interesa trabajar por un largo plazo sostenible para nuestra Región?
Todo esto es por el lado de las políticas públicas para fortalecer la educación superior. Ahora, ¿qué se puede trabajar con las universidades locales que ya recibieron su licenciamiento? Hablemos un poco sobre la capacidad de gestión de las universidades. El primer paso que toda empresa o institución debe dar es establecer cuál va a ser su modelo de negocio y su ventaja diferencial, es decir, aquello que lo va a destacar por encima de la competencia. Si trasladamos este concepto básico al territorio educativo, tendremos que fijar un modelo de gestión y un modelo educativo que garantice una formación de excelencia para los estudiantes, para ello es indispensable definir primero qué significa la excelencia, o qué se entiende por una educación de excelencia. Si revisamos los rankings de las universidades más prestigiosas en el mundo que han alcanzado un status de excelencia, podremos ver algunos criterios de evaluación importantes en los que deberían basar las universidades locales su modelo educativo. Aquí se toman en cuenta variables como la reputación académica, el nivel de empleabilidad de sus egresados y la calidad de sus trabajos, la cantidad de profesores a tiempo completo con estudios de doctorado, la producción científica, el registro de nuevas patentes, y el nivel de internacionalidad, por mencionar los principales. Lo otro a lo que debe apuntar una universidad es a establecer una cultura de autoevaluación constante que permita medir en tiempo real cuáles son los indicadores que están flaqueando y cuál es el plan inmediato para revertirlo. Aquí sirve mucho auditar todos los procesos administrativos y académicos a través de una empresa certificadora que implante un sistema de calidad ISO en todos los frentes. Una vez que estos procesos se encuentran auditados y dominados, el siguiente paso será buscar una acreditación institucional que garantice que la educación impartida reúne, ya no condiciones básicas de calidad, sino, por el contrario, condiciones superiores de calidad. El ente rector encargado de esta tarea es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). De momento, en el Perú, la UPC es la única universidad que ha logrado la acreditación institucional. Este caso es muy interesante, ya que, hace siete años atrás, cuando ninguna universidad peruana había previsto acreditarse, la UPC solicitó en Estados Unidos su acreditación con la agencia internacional WASC, consiguiendo que, dos años más tarde, el SINEACE reconociera su acreditación en el Perú. Este es un claro ejemplo que nos puede ayudar a ilustrar cómo las universidades tienen que anticiparse al futuro desde ahora. Entonces, si el primer paso fue conseguir el licenciamiento, el segundo debe ser el no conformarnos con lo mínimo indispensable, sino, ir más allá y establecer un modelo educativo que reúna auténticas condiciones superiores de calidad.
Es cierto que nos queda mucho por trabajar, y ya no podemos revertir el tiempo, menos aún llorar por la leche derramada. Las historias trágicas y dramáticas de nuestras universidades privadas locales tienen que servirnos como un punto de inflexión que nos haga despertar del letargo en que nos encontramos y apuntar hacia una reingeniería educativa integral, desde las escuelas de educación inicial, pasando por la creación de Centros de Innovación y Emprendimiento, fomento de la investigación científica, hasta la capacitación de los docentes en el manejo de plataformas virtuales de aprendizaje. Y, por último, quitarnos de la cabeza esa idea de que el Estado es el único responsable de mejorar la educación de nuestros jóvenes. Somos nosotros los primeros responsables de nuestra educación y de aportar desde nuestras posiciones con propuestas e ideas que contribuyan a la transformación que tanto anhelamos.
(*) Analista y asesor de Comunicaciones