Hace dos días un numeroso grupo de pescadores salió a las calles de Chimbote para exigir a viva voz la remoción de un alto funcionario de la sede central del Ministerio de Trabajo en Lima, a quien responsabilizan de mantener encarpetada una demanda relacionada con el pago de derechos laborales y también de haberse parcializado abiertamente a favor de dos empresas pesqueras.
El reclamo de este grupo de hombres de mar no es aislado. Forma parte de una larga lista de procesos legales, cuyos legajos se apolillan en los anaqueles no solo del Ministerio de Trabajo, sino también de Produce y otras instancias colaterales, sobre todo en el Poder Judicial.
El denominador común de los referidos procesos no es otro que la actitud de empresas y empresarios pesqueros de negarse a cumplir con el pago de obligaciones laborales; deudas que se derivan de una labor de alto riesgo desarrollada en altamar.
Desde la década de los sesenta, cuando empezó el boom a pesca, la relación entre pescadores y armadores pesqueros ha estado marcada por un ambiente de tensión. Y pensar que muchos armadores han llegado a esa posición después de haber sido pescadores. A pesar de todo, el ambiente de tensión sigue siendo el mismo y es causa de incontables reclamos, de una y otra parte, que se relacionan con al pago de dichas obligaciones.
En ese sentido, no deja de ser oprobiosa la jactancia de algunos armadores pesqueros cuando, dominados por la arrogancia, expresan “prefiero pagar a un juez y no a una tripulación”.
Si no nos equivocamos, esta tensa relación comienza a la hora del pesaje. Para entendernos mejor, partamos del siguiente ejemplo: una captura de 100 toneladas, más de las veces figura en el parte de pesca como si hubiera sido de 80 ó 60 en el mejor de los casos. La diferencia, como es obvio, es a favor del dueño de lancha.
En base a este cálculo, que es pan de cada día en el mundo de la pesca, el pescador recibe un jornal y una compensación por tiempo de servicios, tremendamente desproporcionados.
Otra de las causas para que la tensión se mantenga a través de tantos años, es el cambio sistemático de razón social que algunos empresarios de la pesca han convertido en su deporte favorito. Una lancha que ayer se llamó “Juana” y que hoy aparece con el nombre de “Patricia”, mañana bien puede llamarse “Hermelinda”. Cambia el nombre, pero no el dueño.
De esta manera, cuando el tripulante de la embarcación “Juana” reclama el pago de sus beneficios laborales atrasados, se da con la ingrata sorpresa que esa embarcación ya no existe y, como bien decían nuestras abuelitas, no se le puede cobrar a un muerto. Pero, si el pescador desea seguir trabajando como nuevo tripulante de “Patricia” para no caer en las garras de la desocupación, entonces tiene que renunciar a la deuda que “Juana” se llevó a la tumba. Inmensas fortunas se han amasado poniendo en práctica estas artimañas.
De ahí que, cuando el reclamo de un pescador llega a las oficinas del Ministerio de Trabajo en Chimbote, más de las veces tiene que ser derivado a Lima, donde se convierte en una causa perdida. Esa mala suerte ha ocurrido con el grupo de pescadores que hace dos días salió a reclamar en las calles.
Con eso, queda muy en claro que los empresarios pesqueros no conocen la derrota. La única persona, natural o jurídica, capaz de ganar un juicio a una empresa pesquera, es otra pesquera, pero con mucho más poder y mayores influencias.
El pez grande no se compadece del chico.