Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Desde el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, en el Perú se desató una ofensiva anticapitalista sin cuartel. El primer objetivo de esta ofensiva fue detener las inversiones mineras, sobre todo en cobre. Sin un solo argumento atendible se interrumpieron los proyectos de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. De pronto, un país que cada año crecía por encima del 5% del PBI y reducía pobreza en más de tres puntos porcentuales, se detuvo en seco. El nacionalismo estatista entonces bloqueó el ciclo capitalista que había triplicado el PBI y había logrado reducir la pobreza del 60% de la población a algo más del 20%.
En el preciso momento en que se ralentizaba el crecimiento, el Perú se llenó de gran esperanza porque dos fuerzas de centro derecha, comprometidas con la economía de mercado y el sistema republicano, lograron pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 2016. Sin embargo, la falta de ideología y programa en Fuerza Popular –con mayoría absoluta en el Congreso– y el partido PPK, desató una guerra política que culminó con la renuncia del expresidente Kuzcynski y la asunción de Martín Vizcarra al poder.
A partir de esos hechos, el anticapitalismo se volvió un huracán incontenible. La burocracia colectivista y comunista, que colaboró con la pasada administración Vizcarra y permanece bajo el actual Gobierno, ignoró una verdad incuestionable: que el 80% de los ingresos fiscales del Estado proviene del sector privado. Ignorando que los 15 sueldos que recibe anualmente son pagados por las empresas, esa burocracia colectivista utilizó la pandemia y la emergencia para ahogar la inversión privada y el crecimiento. Lo lograron a medias: el 2020 el PBI cayó en 11%, el déficit fiscal creció a 10% del PBI, la deuda pública sobrepasó el 35% del PBI y la pobreza aumentó en 10% de la población.
Al lado de la ofensiva anticapitalista de los políticos y la burocracia colectivista, el Congreso empezó una carrera populista inexplicable, hasta desmontar la mejor ley económica de las últimas décadas: la Ley de Promoción Agraria, que establecía regímenes laborales y tributarios especiales. Y que explicaba el milagro agroexportador que, en dos décadas, incrementó nuestros envíos al exterior de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones.
Es en este contexto económico y social en el que el país permanece a pocas semanas de las elecciones. En otras palabras, de la decisión que la ciudadanía asumirá en las urnas dependerá si el país continúa la senda capitalista u opta por regresar al camino estatista chavista, que destrozó nuestra sociedad en las décadas de los setenta y los ochenta. En ese entonces los discursos de Verónika Mendoza y Yonhy Lescano se materializaban en el régimen económico de la Constitución de 1979 y en el estado-empresario.
El Perú tenía entonces más de 200 empresas estatales, pero la hiperinflación evaporaba décadas de ahorros de los peruanos, y el hambre y la miseria se extendían de aquí para allá. La pobreza sobrepasó el 60% de la población y, antes que en la Venezuela de hoy, aquí hubo colas para arroz, azúcar, leche y algunos incluso se comían a sus mascotas. El país entonces fundó el chavismo económico en la región –se llamaba velasquismo–, un proyecto que hoy pretenden reeditar Mendoza y Lescano, los dos candidatos antisistema.
Por todas estas consideraciones, no debemos permitir que el debate electoral solo se focalice en los temas secundarios con respecto a la gran disyuntiva de continuar o no con la inversión privada, el crecimiento y la desregulación general de los mercados.
Finalmente vale recordar que los sistemas republicanos y las libertades nunca sobreviven cuando la economía se centraliza en el Estado. En el siglo XX quedó demostrado que la irrupción de los autoritarismo y totalitarismos tuvo como capítulo previo el debilitamiento de los mercados y el sector privado, y la emergencia del estado colectivista, ya sea con la hoz y el martillo o la esvástica nazi. En América Latina los proyectos colectivistas de Cuba y Venezuela se consolidaron solo cuando desparecieron al sector privado y la autonomía de la sociedad. A reflexionar entonces.
(*) Director de el montonero (www.elmontonero.pe)