Lo que no pudieron conseguir en el campo de la formalización y calidad educativa, lo han obtenido en el terreno adverso de la sanción y el escarmiento. De acuerdo con un informe emitido por el Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, las universidades ULADECH y San Pedro, ambas de Chimbote, figuran entre los centros de estudio superiores del país, que han ocupado los diez primeros lugares en la acumulación de multas.
Textualmente, el informe señala que las multas “son producto de la ineficiencia y falta de idoneidad en los servicios, pues dichas universidades no atienden solicitudes de gestión u otros que se requieren”.
Para mayor abundancia de razones, añade que “entre las tantas infracciones, las más resaltantes son la negativa de presentar el Libro de Reclamaciones, el incumplimiento de acuerdos conciliatorios, métodos comerciales coercitivos, así como la aplicación de fórmulas intimidatorias en perjuicio de los estudiantes, las cláusulas abusivas y falta de información”.
Las sanciones económicas que INDECOPI ha aplicado en mérito a estas infracciones, no se han hecho esperar. La ULADECH ha sido objeto de nueve multas por un total de 129.3 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 546 mil soles, que la ubican en el sexto lugar de este triste ranking de penalidades.
Por su parte, la Universidad San Pedro cierra la tabla en el décimo lugar con cinco multas por un total de 19 UIT, equivalente a 79,800 soles.
Obviamente no se trata de soles más o soles menos. Es la “ineficiencia y falta de idoneidad en los servicios” la observación más que suficiente para descalificar la gestión de ambas universidades. Sin la puesta en práctica de esas virtudes elementales, mal pueden haber garantizado un servicio de calidad a favor de sus miles de estudiantes.
Si a eso se añade “el incumplimiento de acuerdos conciliatorios y la aplicación de métodos comerciales coercitivos y fórmulas intimidatorias”, como precisa el comunicado, entonces estamos hablando de la existencia de un bien organizado sistema de abuso. Y cuando eso sucede, no existe el derecho a reclamo. Los únicos que se pueden considerar beneficiados, son aquellos que aún administran estas universidades, en tanto que los únicos perjudicados resultan ser los estudiantes. La ley del león.
Las observaciones de INDECOPI, basadas en la objetividad de los hechos, traen a colación un tema que nunca estará demás recordar. Y es que la creación de muchas universidades particulares jamás tuvo, ni como principio ni como fin, la oferta de un servicio educativo de calidad. Más pudo el aventurerismo comercial de empresarios guiados únicamente por el afán de lucro. El alumno nunca fue el bien supremo de estas casas de estudio, sino un simple maltratado objeto comercial. La forma cómo ambas universidades están llegando al final de su existencia, nos exime de mayores comentarios. Y pensar que esta situación ha persistido a lo largo de más de veinte años.
Si no hubiera sido por la Ley de Reforma Universitaria y la presencia protagónica de SUNEDU, con toda seguridad que esta situación seguiría manteniéndose. Eso explica porqué los propietarios de universidades no licenciadas, todavía insisten, a través del Congreso de la República, en traerse abajo la ley y la SUNEDU.
De ahí que, el lado positivo de la suerte corrida por las dos universidades de Chimbote representa una excelente lección y un valioso escarmiento, que se deben aprovechar al máximo.