A fines de mayo del 2019, una noticia proveniente de Ancash sacudió la opinión pública nacional. Después de cuatro años de haber permanecido en el más completo silencio, recién se supo que, en el año 2015, durante la gestión de César Álvarez Aguilar, el gobierno regional de Ancash aceptó pagar un arbitraje de 85 millones de soles a favor de la firma brasileña Odebrecht.
La aplicación de esta penalidad, tiene como fundamento la obligación de “compensar” presuntas demoras y reajustes en el pago de liquidaciones que se produjeron durante la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. La obra, como bien recordamos, fue adjudicada a Odebrecht con un presupuesto de 400 millones de soles. Sin embargo, fiel a su estilo y gracias a la aplicación de cuarentaicuatro ampliaciones presupuestales, la gestión de César Álvarez Aguilar incrementó el monto a 550 millones. ¡150 millones de yapa¡
Cuando la opinión pública tomó pleno conocimiento de los hechos, los funcionarios de Odebrecht trataron de justificar las cosas a su manera. Desde su punto de vista, ellos ya se habían anticipado a reconocer, ante la justicia peruana, el pago de un soborno de 2.5 millones de dólares a favor de César Álvarez Aguilar. Por consiguiente, podían acogerse al beneficio de ser considerados colaboradores eficaces.
Desde esa original perspectiva, con los 85 millones del arbitraje, Odebrecht se comprometía a pagar 25 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. Qué fácil. Recibir 85, devolver 25 y quedarse con 60. Según la empresa brasileña, del mismo cuero tenían que salir las correas.
Pero igual que esta historia, digna de un libro de fantasías, existen muchas más, todas ellas relacionadas con el pago de arbitrajes asumidos por el gobierno regional de Ancash.
Ante esta poco conocida situación, podemos concluir que el cobro de arbitraje se ha convertido en una de las modalidades preferidas de la corrupción. La ganancia no siempre se obtiene a través de la adjudicación de una obra. Ahora vemos que las obras inconclusas, siempre que se paralicen previo acuerdo de ambas partes, también son un negocio hartamente lucrativo. Pues una vez concertada la paralización, el contratista se victimiza aduciendo perjuicios económicos y exige una reparación a través de la vía más fácil y expeditiva: el arbitraje.
Una mirada a los diez últimos años de gestión, revela que el gobierno regional de Ancash jamás ha ganado un solo arbitraje. Todos los ha perdido. ¿Y por qué?. Porque los procuradores y demás encargados de la defensa legal, no se molestan en responder las demandas. Sin demostrar mayor preocupación, esperan que transcurran treinta días útiles para que el demandante gane la causa acogiéndose al “silencio administrativo”. Un autogol de media cancha.
De acuerdo con la más modesta apreciación, se calcula en más de 200 millones el monto de todos los arbitrajes que el gobierno regional de Ancash ha reconocido en los últimos años, los mismos que está en la obligación de pagar.
¡Pero, cuidado¡. El pago de un arbitraje es un pago sin retorno. Por parte del ganador, no implica la obligación de continuar ni concluir la obra. Aquí el que paga, pierde.
A propósito, todos recordamos el anuncio que hizo el aún gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, a las pocas semanas de asumir el cargo. En una actitud que cada día se aclara más y más, Morillo anunció que su gestión iba a destinar 80 millones de soles para “honrar” las deudas que arrastra el gobierno regional de Ancash por concepto de arbitrajes. Todo parece indicar que su promesa se estaría cumpliendo al pie de la letra, lo que significa juntar en un mismo escenario a árbitros, arbitrajes y arbitrariedades.
Si no nos equivocamos, éste puede ser tema de una investigación para la Comisión Regional Anticorrupción de Ancash, que se acaba de instalar bajo la presidencia del Dr. Carlos Alberto Maya Espinoza.