El lunes último, el gerente de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad Provincial del Santa, Bruno Burgos Delgado, anunció la puesta en marcha de una campaña orientada a proteger el patrimonio cultural, histórico y natural de la provincia. Esta feliz iniciativa no solo ha despertado una gran expectativa sino también ha merecido la inmediata aprobación por parte de la colectividad. Si existe una tarea pendiente o un Talón de Aquiles del que aún adolece Chimbote, es justamente la defensa de nuestro patrimonio cultural.
Desde nuestra invariable posición alineada con esta noble causa, felicitamos a la comuna provincial por su decisión de rescatar y poner en valor este patrimonio. Pero con esa misma voluntad, nos permitimos proponer la opción de asumir las cosas con toda la verdad y transparencia que el caso amerita. Y para eso, no existe mejor herramienta que nuestra propia memoria, a la cual es inevitable tener que acudir.
En septiembre de 1985, la Municipalidad Provincial del Santa ordenó sustituir el nombre de la avenida José Pardo por el de Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue mediante una Ordenanza Municipal firmada por el alcalde Prof. Julio Geldres Aguilar, la misma que se sustentaba en un acuerdo de concejo aprobado por mayoría. Conforme ocurrió a lo largo de una hegemonía política de treintaidós años (1963-1995), en esa oportunidad, tanto al alcalde como la mayoría de los regidores pertenecían al partido aprista.
El objetivo, demás está decirlo, no era otro que perennizar la memoria del fundador del partido aprista. Para decirlo con mayor propiedad, era un típico y descarado gesto de adulación política, que supuestamente el municipio asumía en nombre del pueblo de Chimbote.
Era evidente que la identidad histórica y cultural de Chimbote no importó en absoluto. En 1906, la principal arteria de la ciudad fue bautizada con el nombre de Avenida Pardo, por un acuerdo libre y soberano de los chimbotanos de esa época. Fue un reconocimiento al presidente de la República José Pardo y Barreda, quien el 06 de diciembre de ese año promulgó la Ley 417 que crea el distrito de Chimbote.
Ochenta años después, el cambio de nombre fue adoptado a puerta cerrada y a espaldas del pueblo de Chimbote, cuya opinión jamás fue consultada, y si lo hubiera sido, igual, el cambio se imponía.
¿Ustedes creen que nuestros vecinos de Trujillo, hubieran permitido que se reemplace el nombre del jirón Pizarro o de la tradicional avenida España, por el de Víctor Raúl Haya de la Torres, por mucho que Trujillo sea la cuna del Apra?. La respuesta es obvia. No. Sin embargo, hace treintaiséis años los chimbotanos fuimos obligados a tener que aceptar semejante ignominia.
Pero más allá de atentar contra la identidad histórica y cultural de Chimbote, el cambio de nombre ocasionó un daño colateral con múltiples repercusiones legales, administrativas y de otra índole. De un día para otro, los vecinos de las siete primeras cuadras de la avenida Pardo fueron obligados a colocar el nombre de V.R. Haya de la Torre en todos sus documentos. Eso incluía los títulos de propiedad, documentos personales, licencias municipales, recibos de auto avalúo, agua y luz, y muchos más, con todos los gastos onerosos y la pérdida de tiempo que eso supone. Como si fuera poco, se les obligó a comprar en la misma municipalidad una placa de metal con la dirección y el nombre de Av. V. R. Haya de la Torre, para ser colocada en la puerta de sus respectivos domicilios.
Aún en estos días, el problema se mantiene latente. Los descendientes de antiguos vecinos que han fallecido sin culminar la documentación, ahora no saben si la vivienda que han heredado está ubicada en Av. Pardo o Víctor Raúl. Todo un pandemonio que notarios y registrados no saben cómo solucionar. El daño ocasionado, continúa siendo una herida abierta en el corazón de Chimbote.
Con el correr de los años, este mal ejemplo prosperó. Muchos asentamientos humanos llevan el nombre de ex alcaldes y ex gobernadores regionales que en este momento están encarcelados por delitos de corrupción. Si la propuesta es rescatar y revalorar el patrimonio cultural de Chimbote, entonces aquí si procede cambiar el nombre de estos asentamientos y eso tendrá que verlo la gerencia de cultura de la Municipalidad Provincial.
Pero ahí no queda todo. Hace apenas unas semanas, la Municipalidad Provincial del Santa, con toda la majestad política y administrativa que le asiste, ha autorizado a la Corte Superior de Justicia la ocupación de 200 metros cuadrados del Paseo la Cultura, un espacio de uso público que, como su nombre lo dice, forma parte de la identidad cultural de Chimbote. El caso ha dado lugar a una denuncia penal presentada por el Colegio de Arquitectos, por el grave delito de usurpación agravada, sin que hasta el momento exista ningún pronunciamiento oficial.
El ánimo de este comentario no es escatimar el esfuerzo que significa para la comuna provincial emprender el rescate y la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Pero existen de por medio algunas cosas que requieren de un análisis real y desapasionado. No en vano de la discusión e inclusive de la controversia, nace la luz.
En otro pasaje de sus declaraciones, el gerente Bruno Burgos Delgado ha dicho que se sancionará a quienes vulneren este el patrimonio, lo que nos parece correcto. Es hora de conciliar entre lo que se dice y lo que se hace.
Para hablar de cultura, igual que para comer pescado, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, buena memoria y mayor respeto.