Después de diez años de su intervención por parte del Ministerio Público, el caso La Centralita, la organización de corrupción más mediática de los últimos tiempos, ingresa el día de hoy a la etapa decisiva de juicio oral, en esta oportunidad a cargo del Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Por la magnitud de los delitos que se le atribuyen, así como por el cuantioso daño económico que ha ocasionado al erario nacional y asimismo debido a larga lista de sus implicados, se estima que este proceso tiene para varios meses de duración. La satisfacción radica en que, tras una década de marchas y contramarchas, la mano de la justicia por fin se encargará de juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Según estimaciones realizadas por peritos contables, se calcula en más de 380 millones de soles el dinero que ha pasado por las manos de esta organización criminal. Este millonario botín es producto de las coimas y diezmos que muchos empresarios pagaban a cambio de la adjudicación de una obra. La Centralita era una máquina de hacer dinero.
Algunos de los implicados que se han acogido al beneficio de la colaboración eficaz, revelan que en más de una oportunidad la adjudicación de una misma obra era ofertada a dos y hasta tres empresas diferentes, las mismas que no dudaban en adelantar una parte de la coima con tal de asegurar la adjudicación de la obra. Pero cuando se enteraban que la empresa favorecida era otra, entonces surgían los problemas. La gente de La Centralita no devolvía los adelantos. A cambio, ofrecía a los perdedores la adjudicación de otras obras o concertaban con ellos el pago de un arbitraje pagado con dinero del gobierno regional, generando con ello un círculo vicioso de nunca acabar.
Por su parte, las empresas que ganaban la adjudicación de la obra tenían que afrontar algo que no estaba en el libreto. La coima ya no era el diez por ciento acordado inicialmente, sino veinte y hasta veinticinco por ciento, no importa si para ello se tenía que afectar el presupuesto y la calidad de la obra. Si no, no se firmaba el contrato. Eso explica porqué durante la época de la Centralita muchas obras quedaron paralizadas y abandonadas para siempre. Una de ellas es el coliseo cerrado.
Lo que no se explica es cómo y porqué, los órganos de control no advirtieron lo que estaba sucediendo en sus propias narices. ¿Negligencia o complicidad?.
Otro aspecto resaltante del caso La Centralita es la larga lista de implicados cuya cifra está alrededor de los cincuenta. Ésta es encabezada por el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, seguido por el ex congresista Heriberto Benítez Rivas, quien se encargaba de bloquear en el Congreso de la República cualquier intento de investigar al gobierno regional de Ancash.
Otros implicados son el ex alcalde provincial Luis Arroyo Rojas y el empresario lobbysta Martín Belaunde Lossio, considerado el cerebro de la organización. También figuran miembros de la Policía Nacional y funcionarios públicos del más alto y bajo nivel. No podía faltar una bien sincronizada red de periodistas y seudo periodistas quienes, a través de la radio y la televisión, se encargaban de echar barro y desacreditar a todo aquel que se atrevía a tocar el tema de la corrupción.
Cierran la lista dirigentes sindicales y sicarios del más alto vuelo, quienes nunca dudaron en emplear la fuerza y la violencia para silenciar a los críticos de César Álvarez, como sucedió con el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
Algo que ha quedado en la retina de quienes presenciaron la intervención de La Centralita aquel mes de julio del 2011, es la actitud del ex congresista Heriberto Benítez Rivas, uno de los más cercanos aliados de César Álvarez Aguilar. Con toda la omnipotencia que le otorgaba su condición de parlamentario y argumentando que su oficina se hallaba en el mismo local de La Centralita, Benítez Rivas no solamente trató de obstruir la labor de los fiscales. Con el apoyo de algunos fiscales supremos, consiguió que el Ministerio Público sancione a los fiscales de la intervención. Después de todo, si él mismo afirmó que su oficina funcionaba junto La Centralita, estaba en lo correcto, pues era parte de la organización.
Hasta último, Benítez Rivas ha hecho lo imposible para ser excluido de la investigación, pero no lo ha conseguido. A partir de hoy, tendrá que enfrentar un pedido en su contra de 20 años de prisión efectiva, igual que su aliado.
Pero hay algo más. Por todo lo que se ve y se percibe en el entorno del gobierno regional de Ancash, se cree que La Centralita aún no ha muerto. Muchos de los empresarios y operadores que hace diez años aparecían al lado de César Álvarez, siguen apareciendo por las oficinas del gobierno regional, tanto en Chimbote como en Huaraz.
¿La Centralita sigue operando en la sombra?. Eso lo sabremos en la medida que el juicio oral rinda sus primeros frutos.