Finalmente cuatro investigados por el caso “La Centralita” solicitaron acogerse al beneficio de conclusión anticipada, es decir, reconocer su delito, buscar una rebaja de su condena y librarse de una prisión efectiva. Al mismo pedido se sumó el apoderado judicial de la persona jurídica Nueva Corporación del Norte EIRL.
Estos pedidos, que ya cuentan con un acuerdo con el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción del Santa en cuanto a la pena y a la reparación civil, deberán presentarse en la próxima audiencia del juicio oral el viernes 7 de mayo ante el Juzgado Penal Nacional Colegiado que revisará y emitirá decisión, aprobando o desaprobando el pedido.
La petición de reconocer su delito y aceptar los cargos que se le imputan provienen de los procesados Evaristo Chauca Huete, el empresario Jorge Luis Barreto Burgos, el exchofer Gustavo Ramírez Huayaney y Leonidas Cortez León. Además, pidió el mismo beneficio, el apoderado judicial de la empresa Nueva Corporación del Norte EIRL, el exsacerdote Ydelfonzo Espinoza Cano, quien debe responder únicamente por la reparación civil.
Los acuerdos de reparación civil no revisten mayores discusiones, sin embargo, lo que ha generado un poco de retraso en la formulación del pedido para que sea evaluado por los jueces, es el hecho de la pena a imponer, pues la Fiscalía llegó a un acuerdo para imponer penas de prisión de carácter suspendida para los cuatro procesados.
Los jueces del Juzgado Penal Colegiado Nacional son conscientes que la reducción de la pena por conclusión anticipada es de 1/7 de la pena propuesta (acusación fiscal leída al inicio del juicio) por consiguiente la reducción de la misma hasta llegar a un mínimo de 4 años (condición necesaria para que la pena no sea efectiva), debe justificarse y argumentarse con arreglo a ley.
Este trámite de conclusión anticipada de proceso resulta fundamental para el desarrollo del juicio oral porque en la medida que se aprueben los acuerdos y los procesados se salven de ir a prisión, se convertirán automáticamente en testigos impropios y podrían revelar hechos hasta ahora no conocidos ocurridos en la gestión de César Álvarez Aguilar.
La audiencia del viernes 7 de mayo resultará crucial para los procesados y para el devenir del proceso penal conocido como “La Centralita” y donde se juzga al expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar y otros 50 imputados.