El 15 de noviembre del 2017, en el pueblo joven Dos de Mayo, tres miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el domicilio de Yampier Linder Laveriano Solsol, una persona conocida por tener ciertos problemas con la policía y la justicia. Cuando éste abrió la puerta, se dio con la sorpresa de verse encañonado por los efectivos policiales, tras lo cual fue subido a viva fuerza en el asiento trasero del automóvil de placa H2X-631. Raudamente, el vehículo enrumbó por la carretera Panamericana y luego de unos minutos ingresó al desvío que conduce a la solitaria playa El Dorado.
Una vez allí, tras asegurarse de que nadie pudiera ver lo que iban a hacer, los miembros de la Policía Nacional ataron a su víctima de pies y manos y sin escuchar sus súplicas de clemencia descargaron sobre él una salvaje golpiza hasta dejarlo al borde de la inconsciencia. Acto seguido, con un ensañamiento enfermizo, propio de un escuadrón de ángeles de la tortura, le echaron arena a la boca, nariz, ojos y orejas, no sin antes aplicarle varios golpes en la cabeza con la cacha de sus armas de reglamento.
Finalmente, utilizando un teléfono celular obligaron a Yampier Laveriano a pedir disculpas al cuñado de uno de sus verdugos, con quien un día antes había sostenido una pelea por motivos personales. Luego de la llamada y sacando pecho por haber hecho justicia con sus propias manos, los policías emprendieron el camino de regreso dejando a su víctima abandonado a su suerte.
Pero para mala suerte de ellos, a los pocos minutos el auto se atascó en la arena, situación en la que fueron intervenidos por una patrulla del servicio de Serenazgo y luego de las primeras averiguaciones fueron conducidos a la comisaría de Buenos Aires, donde quedaron detenidos.
De no haber sido por esta providencial circunstancia, es posible que el abominable hecho hubiera quedado en el anonimato como muchos otros que hasta hoy se mantienen en silencio. Del mismo modo, sus autores seguirían libres de toda culpa, como si nada hubiera pasado.
Se trata de los suboficiales PNP Ángel Portal Montenegro, Diego Benavides Crisóstomo y José Sarmiento Gutiérrez, así como del civil Daniel Benites Pérez. Sobre estas personas ha recaído una denuncia penal por secuestro agravado seguido de lesiones, habiendo solicitado la fiscalía la pena máxima de cadena perpetua.
Desde entonces todos ellos se encuentran prófugos de la justicia, sin duda conscientes de la gravedad del delito que han cometido. Sin embargo, el pasado jueves 27 de mayo el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial que los viene procesando, aceptó que los prófugos intervengan en el juicio desde la clandestinidad, vía sistema de teleconferencia Google Meet.
El fiscal de la causa, observó esta prerrogativa argumentando que los procesados deberían primero ponerse a derecho para poder ejercer su defensa. Ante ello, los miembros del juzgado consideraron que debido a la pandemia podían participar de la diligencia de manera excepcional.
En el submundo de la venganza personal y de los ajustes de cuenta, no es extraña la contratación de miembros de la policía nacional para que apliquen “una chiquita” por encargo. En ocasiones, se producen excesos con resultados fatales y en otras, como la que comentamos, la divina providencia se encarga de poner al descubierto a los culpables.
En este caso, confiamos que la justicia se encargará de aplicar las sanciones que sean necesarias, con mayor razón si se trata de miembros de la Policía Nacional. Si no ¿cómo vamos a decirle a los niños que el policía es su mejor amigo y no su peor enemigo?