Dr. Edhin Campos Barranzuela
Este último domingo, todos los peruanos hemos sido testigo del debate presidencial, en donde ambos aspirantes a la primera magistratura han expuesto diversos ejes temáticos relacionados con sus planes de gobierno.
Por lo que a solo cinco días de las elecciones presidenciales, es necesario saber, cuales son los planes de gobierno sobre las políticas públicas para la reforma del sistema de justicia.
Según se ha dado cuenta en los medios de comunicación social, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en el quinto bloque temático abordaron el tema sobre la lucha contra la corrupción e integridad pública.
La candidata de Fuerza Popular, propuso lo siguiente:
– Que fortalecerá la Contraloría General de la República, incrementando su presupuesto, otorgándole capacidad sancionadora y control concurrente.
– Asimismo, planteó la creación de un Alto Comisionado, el cual estará conformado por miembros de la sociedad civil, que se encargará de evaluar, de dar propuestas y fiscalizar a todos los funcionarios del Estado.
– Mencionó que implementará el programa “Transparencia 100%”, a través del cual los medios de comunicación y ciudadanos participarán proactivamente en todos los procesos de adquisición y compras por parte del Estado.
– También manifestó que un eventual gobierno suyo impulsará los contratos de Gobierno a Gobierno para reducir y no tener actos de corrupción en la ejecución de obras y proyectos públicos.
Por su parte del candidato de Perú Libre Pedro Castillo, precisó que:
– Coincidió con su contrincante electoral, al manifestar que fortalecerá la Contraloría General de la República, ampliando sus facultades para que tenga capacidad sancionadora.
– Propuso la creación del Consejo Nacional de Anticorrupción, el cual estará integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, un representante de la Iglesia. Añadió que este ente será presidido por el jefe del Estado.
– Sostuvo que los corruptos deben ser inhabilitados perpetuamente para que no vuelvan a contratar con el Estado.
– Indicó que promoverá que la sociedad civil se organice para fiscalizar a todos los funcionarios y al propio presidente de la República.
No cabe duda, que esta campaña electoral ha sido muy especial, pues los planes de gobierno y las explicaciones de cada uno de ellos, se han difundido muy poco y los peruanos hemos tenido escasa información para saber cada una de las ofertas y menos de las propuestas en materia de reforma de la administración de justicia.
En consecuencia, es importante dar a conocer las políticas públicas sobre la administración de justicia, pues el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, encargado constitucionalmente de impartir justicia, sin embargo poca atención se le ha dado a las propuestas de reforma, siendo la justicia uno de los ejes temáticos centrales en toda campaña presidencial.
En tal sentido, es importante conocer los planes de gobierno de ambos candidatos en materia de la reforma judicial.
Don Pedro Castillo en su ideario propone:
– Elección popular de los magistrados y de los altos funcionarios del sistema de justicia, para que pasen por un filtro democrático y no ser designados por un pequeño grupo de personalidades.
– Plantea la supresión de privilegios económicos a los magistrados, pues precisa que en un país donde el maestro y el médico ganan sueldos entre 2 y 5 mil soles, no es justo que los jueces ganen sueldos astronómicos, en otras palabras propone la reducción de los haberes de los jueces y fiscales.
– Eliminación de la ratificación de los magistrados, que ha demostrado ser un mecanismo que se presta a la prebenda de fallos judiciales.
Por su parte doña Keiko Fujimori de Fuerza Popular, en su plan de gobierno propone:
– Irrestricto respeto de los otros poderes del Estado, para su accionar, desempeño y labor, a fin de que esta se desarrolle de manera independiente ante cualquier coacción externa. La injerencia de cualquier poder del Estado sobre el sistema de justicia, implica el socavamiento de una nación.
– Urge un trabajo conjunto para culminar el proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal, iniciado el 01 de julio del 2006 en el Distrito Judicial de Huaura y que se ha visto tantas veces postergada en su entrada en vigencia para Lima Sur y Lima Centro.
– Impulsar el trabajo telemático, pues el sistema de justicia aún no cuenta con todas las condiciones óptimas para lograr un acceso a la justicia acorde a las nuevas tecnologías de información y las necesidades que estas originan.
– La modernización del sistema de justicia, requiere que el Estado proporcione una adecuada defensa a las personas que no cuentan con los recursos necesarios.
En todo Estado Constitucional de Derecho, el sistema de reforma judicial y sus políticas públicas, constituyen el más importante eje temático, pues así como no se puede concebir un Estado, sin fomentar el empleo, la educación la salud, la reactivación económica, tampoco se puede concebir un Estado sin justicia, pues la justicia es el pan del pueblo y el pueblo siempre está hambriento de ella.