Editorial

::: LA OTRA EPIDEMIA :::

Igual que muchas madres de familia de condición humilde, Verónica NN ya llevaba más de dos años gestionando la formalización y titularidad de su lote de vivienda ante la oficina de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa. En todo ese tiempo el trámite virtualmente se hallaba paralizado, no había avanzado nada.

Aparte de la solicitud con la copia de sus documentos personales y del recibo por derecho de trámite, en el fólder donde figuraba su nombre no existía  ningún otro documento. Ella necesitaba de algo que la acredite como posesionaria del lote para poder gestionar la instalación de los servicios de agua, desagüe y electricidad. En más de una oportunidad funcionarios de la mencionada dependencia municipal habían acudido hasta su domicilio para cumplir con el procedimiento de inspección y otras verificaciones, pero nada de eso constaba por escrito en su expediente.

Cada vez que nuestra amiga acudía a la oficina de Desarrollo Urbano en busca de una información, se daba de cara con la misma respuesta: “todavía no hay nada, vuelva la próxima semana”. Pero cierto día  otra de las tantas  madres de familia que recorren los pasillos municipales, le dijo que ella conocía la fórmula mágica para que su trámite avance a cien por hora y muy disimuladamente le señaló con el dedo índice a uno de los trabajadores de esa dependencia.

Cuando Verónica NN pudo conversar con dicho funcionario, éste le dijo en voz baja que la única manera de destrabar el trámite y hacerlo caminar era “echándole su respectivo aceitito” y mostrando los cinco dedos extendidos le habló de una “mano”. Cuando nuestra amiga se enteró que en el argot de la coima una mano significa 500 soles, se sintió desconsolada. Para madre soltera como ella, esa cifra era mucho dinero. Sin embargo, acudiendo a la generosidad de algunos vecinos y familiares, Verónica NN pudo reunir 120 soles, que para ella representaba bastante. Más, era imposible.

Pero para fortuna de nuestra amiga, otra de las madres de familia se atrevió a hacerle una oportuna advertencia. Le dijo que más de las veces los funcionarios no cumplen con “aceitar” el expediente y vuelven a pedir dinero adicional hasta que finalmente se hacen los olvidadizos. “Mejor denúncialo ante la fiscalía porque puedes perder soga y cabra” le dijo por toda recomendación. Razón no le faltó.

Siguiendo este último consejo, Verónica NN se armó de valor y denunció el hecho ante la Fiscalía de Prevención del Delito. Una vez ahí, el personal que la atendió fotocopió los billetes y le dio instrucciones acerca de cómo y en qué momento hacer la entrega del dinero al funcionario. Cuando éste advirtió que le habían tendido una trampa, ya fue demasiado tarde. Se trataba, ni más ni menos, que uno de los asesores legales  de la oficina de Desarrollo Urbano. El buitre había caído como una mansa paloma.

Hace dos días, atendiendo el pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el Juez Fernando Arequipeño Ríos, de la Corte Superior de Justicia del Santa ha sentenciado a dicho asesor legal a 4 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo impropio, quedando además impedido de ejercer cualquier cargo público.

Pero la experiencia que ha vivido nuestra amiga Verónica NN, no es una excepción. En los pasillos de la comuna provincial, estas cosas son pan de cada día. Y no solamente en el área de Desarrollo Urbano sino también en otras dependencias donde centenares de usuarios acuden a gestionar una licencia municipal o la nulidad de multas y otras sanciones económicas.

¿Pero la municipalidad es el único paraíso donde se impera la coima?. Por supuesto que no. Estamos hablando de una epidemia generalizada que aún no tiene antídoto y que, sin exageración, corroe todas las dependencias públicas del país. Efectivamente, si no hay plata para el “aceite”, todo trámite o gestión se paraliza. Triste realidad la que tenemos que soportar.