El día de ayer, en declaraciones ofrecidas a este medio de comunicación, la coordinadora del programa Trabaja Perú en Chimbote, Katherine Ramírez Rojas, ha manifestado que la Municipalidad Provincial del Santa aún tiene plazo hasta el próximo 6 de septiembre para presentar la rendición de cuentas de los trabajos de limpieza y mantenimiento de calles que, por encargo del mencionado programa, ha realizado la comuna entre el 16 de noviembre y 21 de diciembre del año pasado.
Como es de conocimiento público, esta actividad, en la que prevalece el carácter social, tuvo por finalidad brindar trabajo temporal a personas que quedaron sin fuentes de ingreso como consecuencia de la pandemia del covid 19. Para tal efecto, y tal como ha hecho a nivel nacional, Trabaja Perú puso a disposición de la comuna provincial del Santa un presupuesto de 4 millones de soles.
Sin embargo, hace un mes, es decir el pasado 9 de junio, el representante de la Contraloría General de la República, Armando Monzón Burgos, hizo llegar al alcalde Roberto Briceño Franco el Oficio N° 418, mediante el cual le otorga un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido dicho documento, para cumplir con la susodicha rendición de cuentas. Como bien se puede apreciar en el sello de recepción, el documento ingresó a la gerencia municipal el mismo 9 de junio a las 11.35 de la mañana, quedando muy claro que el plazo al que se hace referencia venció el pasado 22 de junio. Así de claro. ¿A quién le creemos entonces, a la coordinadora de Trabaja Perú o al representante de la Contraloría?.
Según se ha podido conocer, el trabajo temporal abarcó 32 zonas urbanas de Chimbote y Nuevo Chimbote, dando ocupación a cerca de 4 mil padres y madres de familia de modesta condición económica. Para ello, la Municipalidad Provincial del Santa se comprometió a informar en forma detallada el uso de dicho presupuesto, cosa que hoy en día no tiene porqué ser complicada para ninguna dependencia de la administración pública. Para eso abundan formatos y los canales virtuales correspondientes.
En todo caso, el asunto es que esa información tiene que consignar, con documentos contables, no solamente el monto de dinero empleado en la compra de materiales, herramientas e implementos de seguridad. También tiene que figurar la identidad del trabajador o trabajadora participante, incluyendo una fotografía además de una copia de su DNI, y sobre todo la firma original, tanto a la hora de entrada como de salida, de tal manera que todo quede debidamente oleado y sacramentado.
Es de suponer que algo extraño haya pasado en el transcurso de la actividad, pues en el informe de Contraloría se lee que “algunos gastos incurridos por el órgano ejecutor (la municipalidad Provincial del Santa) no se ajustan a lo estipulado en la ficha técnica”. Y añade que “se ha constatado que la municipalidad Provincial del Santa no ha cumplido con la elaboración y presentación de los informes de rendición de cuentas, afectando significativamente la transparencia”. En otras palabras, algo está oliendo mal y cuando eso sucede se encienden las alarmas, con mayor razón cuando se trata de dinero del Estado.
En ese sentido, es necesario que se aclare de manera impostergable e irrebatible si el plazo del que dispone la comuna provincial para presentar este informe se vence todavía el 6 de septiembre, como afirma la coordinadora de Trabaja Perú, o ya se venció el 22 de junio como se deduce del informe de Contraloría.
Por la honorabilidad de la Municipalidad Provincial del Santa, la misma que por muchas razones repercute en la imagen de la ciudad de Chimbote, este tema debe aclararse cuanto antes. ¿Tan difícil es para una corporación edil rendir cuentas con puntualidad y veracidad?.