La historia es la misma y se repite más de los días. Lo único que cambia son el escenario y los protagonistas. El último fin de semana dos sicarios amparados en la oscuridad de la noche asesinaron de cuatro balazos a la dirigente vecinal del A.H. Villa del Salvador, Luz América Mateo Giraldo. El crimen tuvo lugar en el mismo domicilio de la víctima y pese a que ésta trató de refugiarse en otro lugar, finalmente fue alcanzada por sus atacantes y rematada en el suelo, sin piedad alguna y con total ensañamiento. Días antes, Luz América ya había recibido amenazas de muerte.
Como es fácil imaginar, el motivo del crimen no es otro que la disputa que sostienen bandas rivales en su afán de controlar el lucrativo negocio del tráfico de tierras, el mismo que hace ya buen tiempo se ha generalizado en los asentamientos humanos de Nuevo Chimbote y otros lugares de la provincia.
Por lo general, la sangre llega al río cuando uno de estos lotes, ya sea que esté ocupado o no, es “transferido” por los traficantes a cambio de una jugosa suma de dinero. Sin embargo, para que esta transferencia ofrezca cierta credibilidad, el nuevo posesionario exige que su nombre aparezca en un documento, con firma y sello, ya sea de la municipalidad provincial o de la dirigencia. En caso de no ser así, no le queda otra cosa que exigir a los traficantes la devolución del dinero adelantado.
Conscientes de la ilegalidad que impera en estas operaciones, algunos dirigentes vecinales, con toda la razón del mundo, han optado por no se prestarse al juego y prefieren mantenerse al margen. Es entonces cuando surgen los problemas y vienen las amenazas, con los desenlaces que todos ya conocemos.
En medio de este círculo que alcanza niveles de escándalo, se ha denunciado la intervención de personas allegadas a la municipalidad provincial del Santa, quienes sin ser trabajadores directos de la institución, ofrecen legitimar la operación a cambio de un “sencillo”, aunque posteriormente terminan haciéndose los desentendidos.
Y aunque parezca increíble, últimamente también se menciona a miembros de la Policía Nacional, quienes a pesar de actuar a título personal, se valen del uniforme para desalojar o colocar por la fuerza a nuevos posesionarios, según sea el caso. Por si fuera poco, un buen número pastores y miembros de sectas religiosas se han sumado a estas actividades, ocupando dos y hasta tres lotes con el pretexto de destinarlos a la construcción de un nuevo templo o iglesia. Como se puede ver, a río revuelto, ganancia de traficantes.
Tan solo en Villa del Salvador se ha comprobado que más de la mitad de los lotes están desocupados, lo que para las mafias de traficantes representa una verdadera mina. Ante el anuncio del inminente proceso de titulación, la cotización de estos lotes ha empezado a dispararse.
Es a partir de esta circunstancia cuando se requiere de una mayor presencia por parte de la Municipalidad Provincial del Santa por ser el ente encargado de iniciar y dar por formalizado este proceso. No en vano en sus manos está la calificación y titulación de las familias que realmente tienen derecho a un lote de vivienda, sin necesidad de aceptar la injerencia o participación de terceras personas.
Dada la cercanía de los próximos comicios regionales y municipales, no es de extrañar que potenciales candidatos tengan puesta la mirada en estos los asentamientos humanos y quieran captar votos y sacar provecho político de la situación, valiéndose inclusive del accionar de las mafias. Lo que hace imperativo que se imponga cuanto antes el principio de autoridad y el estado de derecho.
Bajo ningún motivo, la lotización y titulación de estos asentamientos humanos tiene porque llevarse a cabo a sangre y fuego como lo están haciendo las mafias.