Por: J. EDUARDO PONCE VIVANCO (*)
Para poder enseñar, la primera obligación de un maestro es aprender. El deber de hacerlo es tanto más importante si el profesor Castillo carece de experiencia y el destino ha puesto en sus manos el poder de gobernar una nación.
El Presidente y su partido, Perú Libre, juran tener como primer objetivo la convocatoria a una Asamblea Constituyente para enterrar la carta política que nos rige y aprobar una nueva Constitución. No parece interesarles que toda la información disponible demuestra que esa no es la voluntad mayoritaria del pueblo, al que tanto invocan como fuente de legitimidad.
La lógica indica que un propósito semejante supondría necesariamente un conocimiento suficiente de la Carta Magna. Sin embargo, diversas y frecuentes expresiones del señor Castillo durante y después de la campaña electoral evidencian que no es el caso.
Ejemplo. Innumerables veces ha sostenido que la educación y la salud son servicios y no derechos constitucionales, lo que demuestra que no ha leído siquiera la Constitución que pretende descartar. Cito:
Artículo 13) “Educación y libertad de enseñanza La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.”
Artículo 7)“ Derecho a la salud. Protección al discapacitado.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.”
Puede ser que el Presidente no los haya leído o bien que no comprenda que la existencia de tales derechos constitucionales se concretan a través de servicios. La misma distinción valdría para estipular el derecho de todo peruano a contar con el servicio de Internet –que fue reiterado en Ayacucho por el señor Castillo–. Nada más fácil y positivo que plantearlo al Congreso como una iniciativa presidencial de reforma constitucional.
El Presidente y Perú Libre tienen que observar con seriedad la abundancia de índices que evidencian el enorme progreso del Perú, especialmente como consecuencia del régimen económico de la Constitución de 1993. También deben sopesar las pormenorizadas explicaciones ofrecidas por Hernando de Soto para demostrar que la carta política vigente cubre largamente las expectativas del nuevo gobierno, así como el daño que haría al país una asamblea constituyente que pondría en suspenso la seguridad jurídica, las inversiones, el empleo y la tranquilidad de los peruanos, que estamos hartos de la irresponsabilidad de los políticos.
Esperemos que el Presidente Castillo comprenda cabalmente que no se puede abordar con frivolidad un asunto tan trascendental como la estabilidad constitucional de la Nación.
(*) Publicado por El Montonero (www.elmontonero.pe)