En el discurso presidencial de 28 de julio, el presidente anunció el “ingreso libre” a la universidad pública en todo el país. Si bien no quedó claro si esta incluye a toda la educación superior, es decir, universidades, institutos y escuelas de educación superior, tampoco queda claro qué busca resolver el Gobierno con esta medida.
El presente artículo pretende analizar algunos puntos sobre la viabilidad de esta propuesta: ¿contamos con las condiciones habilitantes para aplicarla?; ¿cuánto gasto público implicaría incrementar el número de estudiantes en las universidades públicas?; si aún no cerramos las brechas de infraestructura y recursos humanos que actualmente tiene la educación superior a nivel nacional, ¿cómo pretendemos albergar más estudiantes en ellas?, entre otras.
Cabe resaltar que, en nuestro país, el acceso a la educación superior se ha convertido en un tema controvertido, tanto en el ámbito universitario como para la sociedad en su conjunto. Una muestra de ello fueron las idas y vueltas que surgieron a raíz de la Ley de la Reforma Universitaria en 2014. Por tanto, una transformación real de la educación superior requiere no solo incrementar el acceso a ella, sino generar las condiciones habilitantes, procesos y cultura para que la medida funcione en el Perú.
Si la motivación dentro del discurso fuera resolver el problema de acceso a la educación superior, se debe recordar, entre otros aspectos, que este involucra también elementos adicionales que permitan la continuidad del estudiante. Existe evidencia acerca de que en otros países esta medida no ha funcionado y que incluso los resultados han sido negativos, como en Argentina, donde, si bien rápidamente se tuvo a muchos más estudiantes en la educación superior, muy pronto también se registró un elevadísimo porcentaje de deserción, con las consecuencias sociales de diferente tipo que aquello significa.
Este último es un problema que no se ha tomado en cuenta en dicha propuesta. Debido a la COVID-19, la probabilidad de deserción universitaria se incrementó, de acuerdo con cifras de Apoyo Consultoría. Una lectura restringida y limitada en este tema expone a situaciones de mayor vulnerabilidad a los potenciales ingresantes.
Por otro lado, es necesario saber cuánto le costaría al Gobierno implementar una medida así. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el gasto público promedio per cápita en la educación superior universitaria a nivel nacional es de S/ 9,200, y los departamentos con mayor gasto per cápita son Moquegua (S/ 27,638), Tumbes (S/ 16,642), Apurímac (S/ 14,618) y Cajamarca (S/ 12,607). Al respecto, a modo de análisis, se presentan dos escenarios sobre cuánto se incrementaría el gasto público en educación superior, con base en el gasto per cápita y el número promedio de ingresantes a universidades públicas por departamento.
Si se reciben 60,346 estudiantes al año, esto significa un poco más de 300,000 matriculados en universidades públicas. En el primer escenario, si se duplica el número de ingresantes a estas universidades, esto significaría un presupuesto adicional de S/ 493.3 millones de soles al año, que en un periodo de 5 años sumarían más de S/ 2,466 millones. En un escenario más moderado, si solo se incrementa en un 75% el número de ingresantes, el monto anual sería de S/ 369.9 millones.
Desde el lado de la universidad, habría que reflexionar sobre la brecha que existe ahora en las 49 universidades públicas y que aumentará con la llegada de más alumnos. Entonces, es importante priorizar el cierre de esta brecha, tanto a nivel de recursos humanos como de infraestructura. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), al 2021, el 35% de universidades a nivel nacional no se encuentran licenciadas, lo cual significa que una de cada tres universidades no cuenta con las capacidades para investigar, tiene una inadecuada infraestructura o presenta problemas de gestión o calidad en la educación.
Asimismo, no se debe perder de vista a la educación superior no universitaria, la cual concentra una gran cantidad de estudiantes y también se encuentra en proceso de reforma. Según el Ministerio de Educación (Minedu), en el Perú existen 1,060 institutos tecnológicos superiores, de los cuales 686 son de gestión privada y 374, públicos. El licenciamiento de los institutos a cargo del Minedu comenzó en 2019 para los institutos públicos. Cabe resaltar que al menos el 50% de estas instituciones son pequeñas y en ellas se dictan, incluso, carreras que el mercado laboral no requiere, están desactualizadas y sin el equipamiento adecuado, lo que las hace inviables para albergar más estudiantes.
INSUFICIENTE MERCADO LABORAL
Si bien la población sigue creciendo y necesita educación superior, debe estar acorde al mercado de trabajo, a fin de mejorar los niveles de empleo y su calidad. Antes de la pandemia de la COVID-19, según cifras del Portal Ponte en Carrera, los sueldos promedio de los egresados de las diferentes carreras habían decrecido un 15% en promedio en 2019, con lo que se situaban en niveles de años anteriores, debido al enfriamiento de la economía y la mayor oferta de profesionales en muchas carreras universitarias. Por tanto, el mercado de trabajo tampoco está preparado para absorber la oferta de futuros profesionales que ingresen.
Finalmente, le corresponde al sector educación plantear adecuadamente la ruta de lo que podría significar el desarrollo de esta medida. Sin embargo, en este contexto, y por lo expuesto, es necesario que el Gobierno cierre las brechas de educación superior, especialmente luego del licenciamiento, y llegar al segmento de la población que, de otra manera, no podría acceder a una educación de calidad, pero no plantear una propuesta que, creemos, es inviable. Se debe agrupar a todos los actores, procesos y esquemas de operación del sistema de educación superior universitaria y no universitaria, y del mercado laboral peruano.
(*) Publicado por ComexPerú / Agosto 06, 2021 / Semanario 1084