En un gran operativo realizado hace dos días en el asentamiento humano Villa Atahualpa de Nuevo Chimbote, se llevó a cabo el desalojo de 400 ranchos que se habían instalado en terrenos destinados para la construcción de locales comunales y de uso público, que traficantes de tierras no tuvieron problemas en “lotizar y adjudicar” a terceras personas a cambio de dinero.
El operativo estuvo a cargo de la Procuraduría Municipal de Nuevo Chimbote y contó con el apoyo de la fiscalía de prevención del delito además de la participación de 200 efectivos de la Policía Nacional así como personal de Serenazgo y limpieza pública. Esa, y no otra, es la forma cómo tienen que actuar las autoridades si es que realmente se quiere imponer la ley y desterrar de una vez por todas el tráfico de tierras de propiedad del estado.
Por coincidencia, el desalojo se produjo el mismo día en que la Municipalidad Provincial del Santa y COFOPRI iniciaban en forma colegiada al proceso de lotización y titulación de éste y otros asentamientos humanos que se hallan instalados en las 217 y 308 hectáreas.
Para empezar, es una buena señal, pues la historia recién comienza y todo indica que desalojos como el que acaba de producirse van a seguir siendo noticia de cada día. Lo mismo que en Villa Atahualpa, en otros los asentamientos humanos de Nuevo Chimbote existen avenidas así como terrenos destinados para parques, colegios, postas médicas, mercados,a etc., que han sido negociados por los traficantes de tierra, siendo imperativo que recuperen su condición de servicio público y comunitario.
Por lo mismo que el tráfico de tierras se encuentra fuertemente arraigado, es de esperar que no sea fácil erradicarlo de un día para otro. Además esta ilícita actividad se jacta de tener buenos padrinos. En efecto, es un lucrativo negocio del que también se benefician algunos malos funcionarios municipales y miembros de la Policía Nacional. Cuesta creerlo, pero es la verdad.
Desde que estas áreas fueron invadidas con descarada intención electorera, frecuentemente han sido escenario de más de un escándalo político y lamentables hechos de sangre, que han ocupado grandes titulares en todos los medios de comunicación. Rememorarlos a estas alturas ya no tiene ningún sentido. No es ético hacer escarnio de algo que ha costado tantas lágrimas y tanto desengaño.
Lo que ahora nos queda es mirar el futuro con renovada confianza y eso va a depender del trabajo que han empezado a realizar en forma conjunta la comuna provincial y COFOPRI. Por lo pronto se ha dicho que esta tarea primordial y decisiva tendrá como punto de partida la labor que hasta este momento ha venido realizando la comuna provincial. Mejor demostración de confianza no puede haberse producido.
La lotización urbana, asumida en toda su amplitud y concepción, tan igual que la calificación y empadronamiento de las familias que realmente tienen derecho un lote de vivienda, es una prioridad que debe mantenerse por encima de cualquier otro punto de vista o circunstancia.
Es posible que ante la proximidad de un nuevo proceso electoral, no sea raro que algunos candidatos a alcaldes y gobernadores pretendan irrogarse la paternidad de la titulación. Ya lo hemos visto en anteriores oportunidades. Eso es parte de nuestro folklore político y nada más.
Hasta este momento no se sabe, ni siquiera con la menor aproximación, cuál será el número de familias que se beneficien con la titulación que tanto tiempo han esperado. Lo que sí sabemos es que se trata de una población muy importante que tiene derecho a una mejor calidad de vida. Lo que significa que ha llegado la hora de empezar a escribir una nueva historia.