Fecha: viernes 20. Lugar: Polideportivo Casuarinas, Nuevo Chimbote. Cuatrocientas personas del grupo etario comprendido entre los 40 y 47 años, hicieron cola desde el día anterior para recibir la vacuna contra el coronavirus. Según el anuncio difundido en la víspera por la Dirección Regional de Salud, se disponía de un stock de 400 dosis. Eso significaba que las 400 personas tenían la vacuna teóricamente asegurada.
Sin embargo, cuando apenas se había vacunado a 192 de ellas, de pronto el personal encargado de la vacunación dio a conocer que el stock ya se había agotado. Ante el desconcierto que produjo este inesperado aviso, la pregunta que todo el mundo se hizo fue ¿qué pasó con las 208 dosis restantes?.
La ingrata respuesta no se hizo esperar. Mientras la gente que había hecho la cola ingresaba ordenadamente por una de las puertas del polideportivo, por otra de las puertas ingresaban en forma furtiva trabajadores de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote y sus familiares. Sin necesidad de haberse amanecido haciendo cola por más de veinte horas, éstos últimos terminaron siendo los más favorecidos.
El proceso de vacunación estuvo a cargo de personal médico de ESSALUD por lo que el gerente regional de esta institución, Dr. Ramón de la Cruz, se vio en la necesidad de poner los puntos sobre las íes. Aclaró que el ingreso furtivo de trabajadores municipales y sus familiares no era responsabilidad de ESSALUD sino de la comuna, que es la propietaria del polideportivo.
Obvio. Los dueños de casa tenían la sartén por el mango y no dudaron un solo instante en sacar provecho de esta situación, por supuesto con premeditación, ventaja y alevosía. No dudamos por eso que las autoridades municipales están en la obligación de dar las explicaciones y disculpas del caso. No hacerlo, sería darle la espalda a la comunidad.
Hechos como éste desnaturalizan la cultura de servicio, que es el cuerpo y alma de todo gobierno local y que no tiene por qué ser objeto de autodestrucción.
Comienzan los desalojos:
JUSTOS PAGAN POR PECADORES
Conforme lo dio a conocer el DIARIO DE CHIMBOTE, el viernes de la semana pasada cinco humildes familias tuvieron que dormir a la intemperie luego que sus viviendas de estera fueran destruidas por estar ocupando un terreno reservado para equipamiento urbano.
Como éstas, son decenas de hogares de condición humilde que han empezado a pagar, inmerecidamente, las consecuencias derivadas del tráfico de tierras. Inescrupulosos traficantes no han tenido la menor compasión en “adjudicar” estos lotes a cambio de dinero, a sabiendas que se trata de terrenos destinados para la construcción de pistas, parques, colegios, postas médicas, etc. En razón de este concepto inalienable, toda persona que ocupe estos terrenos tiene que ser desalojada en forma inexorable, sí o sí. Como siempre, la pita se rompe por la parte más débil.
En todos los asentamientos humanos que son materia del proceso de titulación, impera este mismo problema y, como se puede ver, justos pagan por pecadores. Afortunadamente, las personas desalojadas son reubicadas en otro lote, aunque a costa de un nuevo sacrificio económico. Las esteras, el plástico y los parantes también están subiendo de precio.
Lo que no se sabe hasta hoy es qué tratamiento van a tener los numerosos lotes de hasta 5 mil metros cuadrados, cercados con ladrillo y cemento, que existen en estos asentamientos humanos. De lejos se ve que estos lotes no responden a un objetivo social sino más bien comercial. ¿Serán medidos con la misma vara?. Esperemos que sí.