En una reciente decisión, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa ha resuelto seguir adelante con el proceso judicial contra el ex alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán y otros implicados, a quienes se les acusa de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del estado. Precisamente a raíz de éste y otros procesos judiciales, la ex autoridad edil se ha mantenido por un tiempo en calidad de prófugo de la justicia y con la decisión de la Sala Penal la situación anterior del pedido de prisión preventiva se reactivará.
En el fondo, la noticia no tendría nada de extraordinario si no fuera por la resonancia que ha producido en el terreno siempre agitado de la política local y regional. Como es de público conocimiento, el Dr. Valentín Fernández Bazán se apresta a participar en las elecciones municipales del próximo año, según se especula como candidato a la alcaldía provincial del Santa.
Desde el punto de vista constitucional, tanto el doctor Valentín Fernández como cualquier otro peruano que se encuentre en la misma situación jurídica, están en su legítimo derecho de elegir y ser elegido. Con mayor razón si, como es vox populi, le asiste fundadas posibilidades de obtener un buen resultado.
Todo ello, no obstante que en una anterior oportunidad el doctor Valentín Fernández declaró solemnemente a este medio de comunicación que nunca más postularía a un cargo público. Pero como en política todo es posible, no vemos porque el ex burgomaestre no tenga derecho a repetir el plato. Pero de repente eso no sería posible después de la decisión de la Sala Penal de la Corte del Santa de haberle anulado el archivamiento de la causa que tuvo con pedido de prisión preventiva.
Inevitablemente, esta eventual contingencia nos lleva a una también inevitable reflexión. De un tiempo a esta parte, hemos visto cómo muchos candidatos, con uno o más procesos penales a cuestas, han participado en más de un proceso electoral llegando incluso a resultar elegidos. El caso del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa es uno de ellos.
Efectivamente, mientras el candidato no haya sido sentenciado por algún delito grave o doloso, nada le impide postular y ejercer un cargo público. Aún así, nos atrevemos a pensar que lo ideal sería que los candidatos que participen en las elecciones del próximo año, lo hagan sin cargar sobre sus hombros la cruz de uno o más procesos judiciales. Deberían hacerlo limpios de polvo y paja. De esa manera, antes de emitir su voto, los electores no tendrían que pensarlo dos veces, ni verse en la obligación de elegir entre al cáncer y el sida.
Por antonomasia, ese aseo personal le otorgaría a quien resulte elegido una mayor autoridad y un necesario e impecable decoro en el desempeño de la función pública. Tanto a nivel regional como provincial y distrital, hemos sido testigos de algunos gobernadores y alcaldes que luego de ser elegidos, han tenido que enfrentar sendos procesos judiciales.
El valioso tiempo que deberían dedicar en forma exclusiva al buen desempeño de sus funciones, lamentablemente tienen que perderlo yéndose a sentar durante varias horas en el banquillo de los acusados. Eso, como es obvio, ocasiona un enorme daño no solo a su imagen personal sino también al buen nombre de la institución a la que representan.
Desde estas páginas, creemos que de la misma manera cómo los candidatos están en todo el derecho de elegir y ser elegidos, así también la población está en todo su derecho de poner el parche antes que salte la pus.