Editorial

::: EL CASO TOLEDO :::

El jueves de la semana pasada la corte federal del Distrito Norte de California, con sede en la ciudad de San Francisco, resolvió extraditar al ex presidente Alejandro Toledo Manrique para que enfrente ante la justicia peruana la acusación de haber recibido sobornos por un monto de 35 millones de dólares de manos de la empresa brasileña Odebrecht.

Esta decisión de las autoridades estadounidenses ha sido adoptada  luego de llegar a la conclusión que las pruebas presentadas por la justicia peruana demuestran en forma fehaciente la culpabilidad de quien gobernó el Perú entre los años 2001 y 2006

Natural del distrito Ferrer de la vecina provincia de Pallasca,  Alejandro Toledo vivió su niñez y adolescencia en Chimbote donde compartió carpeta y correrías con sus compañeros de la escuela Minerva y luego del colegio nacional San Pedro. Merced a una beca que le otorgó la Fundación Rotary International se recibió de economista en la universidad de Harvard y cada vez que tenía la oportunidad cuando fue candidato enarboló las banderas de la lucha contra la corrupción lo que jugó a su favor para imponerse en segunda vuelta a su rival Alan García Pérez y ganar las elecciones con la firme promesa de gobernar por igual para todos los peruanos.

Algo que Chimbote esperaba fervientemente de él fue la ejecución de Chinecas y la recuperación de la bahía que a lo largo de su campaña ofreció cumplir como “buen cholo”. Sin embargo, tan pronto como asumió el poder, su política liberalista lo acercó estrechamente al círculo de los grandes grupos de poder económico. Atrás quedaron los sueños de colegial y las promesas de cuando fue candidato.

Se afirma que su extradición al Perú es una suerte de cosa juzgada, que no hay marcha atrás y que solo puede demorar cierto tiempo, pero que finalmente tendrá que cumplirse. Toledo tendrá que responder ante la justicia peruana por uno de los casos de corrupción  más grandes y escandalosos de nuestra historia.