No hay un solo año en el cual los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa dejen de realizar una paralización de labores exigiendo el pago de ciertos beneficios adquiridos que hace ya mucho tiempo se han vuelto impagables. Nos referimos a beneficios de carácter remunerativo que los trabajadores han obtenido gracias a la firma de pactos colectivos, aunque sin haberse previsto la respectiva fuente de financiamiento. Es decir, mucha cáscara para tan poca pulpa.
La firma de estos pactos se remonta a muchas gestiones anteriores y casi todos ellos tienen un origen común. Fueron firmados para poner punto final a prolongadas huelgas que los alcaldes de turno se apresuraron a suscribir solo para salir del apuro sin preocuparse por el daño que esto significaba para el futuro de la corporación edil. Estas bombas de tiempo no tardaron en estallar en otras manos, provocando forados que sucesivamente afectan la estabilidad económica y financiera de la comuna provincial.
Para cumplir con el pago de estos beneficios, no solamente se tiene que acudir a los ingresos propios y transferencias presupuestales más de las veces ilícitas, chocando incluso con los recursos del canon minero. Aún así el monto de estas obligaciones supera largamente los alcances de la caja fiscal de la comuna, creando falta de liquidez e incumplimiento de pago, como el que se está viviendo en este momento. Podría decirse que la firma de estos pactos no es otra cosa que un pacto con el drama.
En efecto, como resultado de este desorden económico los trabajadores han resultado atrapados en un verdadero drama laboral. El pago de sus mensualidades es ahora retrasado y normalmente fraccionado. El descuento por concepto de Essalud tampoco es abonado puntualmente impidiendo que los trabajadores y sus familiares puedan hacer uso de su derecho a la salud.
Se sabe asimismo que muchos trabajadores jubilados se han ido a sus casas sin recibir el íntegro de este derecho, salvo la promesa de un pago igualmente fraccionado que tampoco se cumple. Igual de dramático es el caso de los servidores que fallecen. De acuerdo con uno de estos pactos, la comuna está en la obligación de entregar a los deudos el equivalente de cinco sueldos; tres en forma inmediata para cubrir los gastos de sepelio y dos luego de la presentación de la partida de defunción. Pero ante la grave crisis económica de la institución y muy a pesar de lo maléfico que resulte decirlo, ahora no reciben ni para el café.
Se afirma asimismo que otro forado económico tiene que ver con el pago de escolaridad y gratificación por navidad y fiestas patrias. La ley anual de presupuesto dispone que este pago es de 300 soles para todos los servidores públicos, es decir maestros, policías, empleados y por supuesto los trabajadores municipales. Sin embargo, la comuna tiene que hacer un esfuerzo adicional para pagar por este concepto otro sueldo íntegro, elevándose a dieciséis el número de mensualidades que cada trabador recibe al año ya que también reciben otro por concepto de vacaciones. Gran culpa de este “derecho”, discriminatorio y privilegiado, lo tienen algunos organismos del Estado, empezando por el Congreso de la República que también abona dieciséis sueldos anuales a sus felices miembros.
Razón no le falta a quienes afirman que casi todos los alcaldes que han llegado a la Municipalidad Provincial del Santa lo han hecho para solucionar sus problemas personales y no para solucionar los problemas de la ciudad, menos la situación de los trabajadores municipales. Normalmente cada alcalde llega con una comparsa de entre 300 y 500 nuevos contratados, que son personas que han participado en la campaña electoral y exigen una compensación a costa del presupuesto municipal.
Aquello de que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista” encaja perfectamente con lo que sucede en la Municipalidad Provincial del Santa.