Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Las denuncias del ex comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra, y del ex comandante general de la FAP, Jorge Luis Chaparro Pinto, acerca de presiones políticas del Ejecutivo para interferir en los ascensos de la alta oficialidad militar, de un solo golpe, nos revela la agonía del sistema republicano.
Los más altos oficiales castrenses relevados intempestivamente del cargo, porque no se allanan a las presiones de Palacio, solo evocan las tristes experiencias bolivarianas –sobre todo la de Venezuela– en que las fuerzas armadas son instrumentalizadas, humilladas, para servir a los objetivos políticos de los proyectos colectivistas.
Con respecto a la crisis de los ascensos militares que ha desencadenado la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala, ante una inminente censura en el Congreso han surgido dos tipos de interpretaciones. Una señala que las presiones tendrían que ver solo con intentos de favorecer a oficiales amigos de la casa presidencial. Otra asevera que el intento de controlar las instituciones militares forma parte de la estrategia general de la asamblea constituyente.
A nuestro entender semejantes reflexiones son absolutamente irrelevantes. En realidad, la crisis política desatada por las presiones en los ascensos militares solo es el colofón de un proceso general de desinstitucionalización del sistema republicano. Desde que el presidente Castillo anunciara el proyecto de convocar a una asamblea constituyente, la nacionalización del gas y la segunda reforma agraria sin agroexportaciones, el Perú no ha cesado de desorganizarse.
La desinstitucionalización es tan evidente que se han detenido tres décadas de crecimiento ininterrumpido. El Estado, los ministerios y las dependencias comienzan a ser colonizados por funcionarios sin formación ni capacidad técnica para el ejercicio público. El único criterio para estas designaciones es la militancia en las corrientes comunistas más ortodoxas.
Cualquiera sea el sector del Estado que analicemos todo es desinstitucionalización e ineficiencia, como si se estuviese cumpliendo a pie juntillas el viejo aserto leninista acerca de derribar “el estado burgués desde adentro”. Si observamos el sector Educación encontramos la intención de cancelar la carrera pública magisterial, basada en la meritocracia. Si observamos el área de Transportes hallamos que se pretende acabar con la reforma del sector y ceder ante la informalidad. Si miramos el sector de Energía y Minas contemplamos a un ministro del sector que agita en contra de las principales empresas mineras que solventan el ineficiente gasto de un Estado que empieza a ser poblado por militantes ortodoxos sin ninguna calificación.
Si nos detenemos en el sector Agricultura escuchamos la propuesta gaseosa sobre una segunda reforma agraria que ignora el milagro económico agroexportador de las últimas dos décadas. Es decir, que ignora la gran transformación del agro del último medio siglo.
Si nos detenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encontramos el viejo discurso colectivista sobre el aumento de impuestos a empresas y ciudadanos –la misma voracidad fiscal de los absolutismos que desataron revoluciones– y el silencio frente al hecho de que hoy el Estado maneja los mayores recursos fiscales de toda nuestra historia republicana gracias a los impuestos que paga un poderoso sector privado.
El olvido del MEF es tal que, en medio de una contracción económica que se avecina, pretende reformar tributos para aumentar impuestos y matar a la gallina de los huevos de oro.
En este contexto de desorganización nacional, entonces, la crisis desatada por las presiones políticas en los ascensos militares solo es uno de los capítulos de una tragedia que comienza a ser escenificada ante la impotencia de los peruanos. No tiene ningún sentido discutir si solo responde a presiones para favorecer a cercanos de la casa presidencial o si en realidad se trata de un paso ineludible de una estrategia bolivariana en función de la constituyente. Y no tiene sentido esta discusión porque el resultado es la misma desorganización.
Si el presidente Castillo pretende detener la destrucción nacional que engullirá a su propia administración solo tiene una alternativa: descartar definitivamente la propuesta de una constituyente y volver a gobernar con los principios y el espíritu de nuestra Constitución Política.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)