Como si la situación de emergencia sanitaria ya fuese cosa del pasado, el lunes 22 de noviembre un grupo de gerentes de la municipalidad provincial del Santa tomó una decisión que causó más de una sorpresa. Efectivamente, como si en las actuales circunstancias todo hubiese vuelto a la normalidad, los funcionarios municipales no tuvieron el menor reparo en ponerse de acuerdo para autorizar la realización de bailes y actividades afines en ambientes cerrados y de concentración masiva, como restaurantes y locales de recepción. Pero antes de arribar a esa decisión, por ningún motivo se les ocurrió tener en cuenta que en este preciso momento el número de contagios del covid 19 se halla una vez más en franco proceso de repunte.
Para tranquilidad de la población, cinco días después, el domingo 28, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo N° 154-2021, mediante el cual el gobierno central dispone ampliar la situación de emergencia en aquellas zonas del país donde se ha vuelto a registrar el nivel de alerta alto, entre las cuales se encuentra la provincia del Santa.
Como quiera que la situación no está para pensarlo dos veces sino más bien para enfrentarla sin ambages, la disposición del gobierno central ha incluido a partir del lunes 29 la ampliación del toque de queda y la prohibición irrestricta de toda actividad que conlleve a la concentración masiva de personas, encargando el cumplimiento de este drástico mandato al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Con eso queda claro que la decisión de los funcionarios de la comuna provincial del Santa fue totalmente apresurada, con el agravante de constituir una medida adoptada en forma unilateral, sin el conocimiento ni el visto bueno de las autoridades del sector Salud que son las llamadas a intervenir, si o si, en este tipo de decisiones. ¿Quién ha dicho que la pandemia ya pasó?.
Para que el gobierno central adopte esta severa decisión, se ha tenido en la mano los datos estadísticos proporcionados por las dependencias del sector Salud, los mismos que dan cuenta del incremento de contagios en las zonas declaradas en alerta alta y que, sin llegar al extremo de ser alarmistas, hacen temer con fundadas elementos de convicción un eventual colapso de la capacidad de atención hospitalaria.
Es posible que la decisión de los funcionarios municipales haya obedecido al propósito de reactivar el funcionamiento de estos y otros locales de concentración masiva, los cuales han sufrido enormes pérdidas económicas y son los más afectados por la pandemia. Pero, lamentablemente, y tal como ha quedado fehacientemente demostrado, son estos locales los principales focos de propagación del virus. Por lo demás, todas las instituciones públicas, empezando por las municipalidades, están en la obligación de demostrar con el ejemplo el acatamiento de las normas sanitarias y no de promover su incumplimiento.
Cualquier intento de resistencia a estas medidas, representa una amenaza a la salud de la población y corre el riesgo de ser interpretado como una patente de corso para que se abran las compuertas del desenfreno y las aglomeraciones, con las consecuencias que ya son ampliamente conocidas. A propósito, ha sido justamente luego de conocerse la desafortunada decisión de los gerentes municipales, que un funcionario de la UGEL Santa salió a declarar que era posible llevar a cabo bailes escolares de promoción. ¿Tanto puede repercutir el mal ejemplo?
Ante la proximidad de las fiestas de navidad y año nuevo, y haciendo memoria de lo ocurrido el año pasado, es cuando más sensatos y prudentes tenemos que ser.