Las nuevas disposiciones que ha dictado recientemente el Jurado Nacional de Elecciones con relación a las formalidades que deben guardar los candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales del próximo año, no hacen sino repetir con la prédica aquello que muy poco se observa en la práctica.
Una de estas disposiciones proclama en forma reiterativa, y hasta se podría decir con perorata tediosa, la obligación para que los candidatos consignen en sus respectivas hojas de vida todos los antecedentes policiales y judiciales, incluyendo los procesos en marcha, en los que pudieran estar inmersos al momento de inscribir sus candidaturas.
Sabido es que muchos de ellos, a pesar de llevar sobre sus hombros una pesada mochila con estos antecedentes, se han valido de una serie de artimañas y complicidades para que estas manchas negras no aparezcan en sus declaraciones juradas y puedan participar en la competencia electoral como si estuvieran limpios de polvo y paja. Lo que, desde luego, no deja de ser una afrenta para los candidatos que lo hacen con las manos limpias y la frente en alto.
No es uno sino varios los candidatos que han llegado a ocupar el gobierno regional de Ancash justamente valiéndose de esta jugarreta. Ha sido después de sentarse cómodamente en el sillón de la gobernación, cuando recién se han visto obligados a reconocer la estafa que le han hecho al electorado ancashino. Por insólito que parezca, ha sido en la segunda vuelta electoral donde estos candidatos se han alzado con la victoria.
Otra de las disposiciones tiene que ver con el procedimiento para el tradicional cambio de camiseta o de partido político, que por lo general se produce faltando escasas horas para el cierre del plazo correspondiente. Este espectáculo ya forma parte de nuestro colorido folklore político y gracias a él podemos ver cómo un mismo candidato es capaz de cambiar de partido en cada proceso electoral. Como en el caso del papel, la política también aguanta todo.
Sin embargo lo que las normas electorales no establecen, ni siquiera en forma implícita, es por lo menos una recomendación para que los candidatos acrediten un mínimo de conocimiento y experiencia en gestión pública y, de ser posible, cierto nivel de formación académica. Pues sin desmerecer las cualidades personales que éstos poseen por esfuerzo propio, ocurre que para desempeñar el cargo de gobernador o alcalde se requiere un mínimo de conocimiento y experiencia en el manejo del aparato estatal.
Desde su primer día de gestión, gobernadores y alcaldes necesitan tener una visión más amplia, o por lo menos elemental, del terreno que van a transitar a partir de ese momento. Mal harían entonces en ser presa de la improvisación y empezar a recorrer el camino con los ojos vendados. Peor aún cuando, como resultado de la falta de conocimiento y experiencia, algunos de ellos terminan creyendo que la gobernación y las municipalidades son una chacra de su propiedad donde pueden hacer los que les dé la gana.
Con todo lo que lo que los ancashinos hemos tenido que soportar en los últimos treinta o cuarenta años, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que hacer del próximo proceso electoral un punto de quiebre para que las autoridades que resulten elegidas no permitan que la historia continúe.