Fiscalización:
De los veinticuatro gobernadores regionales que existen en el país, dieciocho de ellos (75%) se encuentran en este momento procesados por delitos de corrupción, entre los que destaca el titular de la región Ancash Juan Carlos Morillo Ulloa. Por si fuera poco, un total de cincuentaidós altos funcionarios regionales, diez de los cuales pertenecen a nuestra región, también se hallan seriamente comprometidos en la misma situación. Mientras tanto, en los últimos dos años un total de 2 mil alcaldes, muchos de ellos ancashinos, han terminado vacados, sentenciados o se mantienen prófugos de la justicia por haber incurrido en la misma falta.
Como bien se puede colegir, este sombrío panorama es, en gran parte, resultado directo de una nula o deficiente labor de fiscalización por parte de los regidores municipales y consejeros regionales. Pues, cualquier objeción o cuestionamiento que éstos suelen realizar a la labor de un alcalde o gobernador, en vez de llegar hasta las últimas consecuencias, no tarda en quedar atrapado para siempre en los nubarrones del olvido.
Ésta es una conducta que ha echado profundas raíces en el modus operandi de nuestra indisciplinada burocracia, la misma que, como se puede ver, se ha generalizado de uno a otro rincón del país; siendo esa una de las razones por la que la gran mayoría de fiscalizados y fiscalizadores prefiere arreglar sus diferencias bajo la mesa. Y eso se llama complicidad.
Una breve mirada a lo sucedido en los últimos años dentro de los predios del gobierno regional de Ancash y varias municipalidades provinciales y distritales de la región, nos muestra que la labor de fiscalización, propiamente dicha, en la práctica no existe. O en todo caso no pasa de ser un canto de sirena o un ruido pasajero. Por eso es que después de Lima y Callao, Ancash se mantiene inamovible en el segundo lugar de las regiones con más casos de corrupción en todo el país.
Ha tenido que ser la Fiscalía Nacional Anticorrupción, gracias a los informes de la Contraloría General de la República, el organismo que finalmente tuvo la ingrata tarea de realizar los grandes destapes de corrupción que han sacudido a todo Ancash. Los alcances y resultados de estos destapes son ahora de amplio dominio público.
En lo que podría considerarse una decisión de poner punto final a esta ya insoportable situación, el jueves pasado el pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca fortalecer la labor de fiscalización de regidores y consejeros.
Entre otras iniciativas la nueva norma legal obliga a gobernadores y alcaldes a responder bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de diez días, todo pedido de información acerca de las acciones y decisiones que éstos adopten como parte de su gestión. Siendo así, estas solicitudes ya no caerán en saco roto como ahora, ni terminarán empolvándose en el archivo del olvido. Nada de secretismos en la función pública parece ser el espíritu de la nueva norma legal; algo que los actuales consejeros y regidores dan la impresión de haber colvidado.