Cambios en la PNP:
Durante la ceremonia de su reconocimiento como nuevo jefe de la región policial de Ancash, el general PNP Freddy Del Carpio León ha puesto especial énfasis en dos aspectos de los cuales no se había escuchado hace ya buen tiempo. En primer término ha dado a conocer que su comando ha impartido directivas para poner mano dura contra los efectivos policiales que, ya sea en horario de trabajo o en pleno cumplimiento de sus funciones, utilicen el teléfono celular para intercambiar mensajes personales o de otra índole que no sean propios de la labor policial. Esa mala práctica la vemos más de los días tanto en las calles como oficinas del estado y vehículos de transporte público.
En segundo lugar el alto oficial ha dicho que se va a reducir el número de agentes que laboran al interior de las comisarías y en cargos administrativos, ello a fin de aumentar el número de efectivos que salgan a patrullar las calles. Sin restar la importancia que encierran ambos ofrecimientos que, dicho sea de paso, ya los hemos escuchado en anteriores cambios de mando, todos deseamos que esta vez las palabras del nuevo jefe policial no queden en el papel ni caigan en saco roto. Hace mucho tiempo que la ciudadanía espera que se corrija esa vergonzosa inconducta policial.
Sin embargo, creemos que el nuevo jefe policial también debió anunciar, con igual o mayor énfasis, la imposición de mano dura contra los efectivos policiales en actividad que han cometido graves delitos delincuenciales y que no son pocos. Hablamos de policías que han incurrido en delitos propios del crimen organizado como son asaltos a mano armada, extorsión, secuestro e inclusive tráfico de tierras. Pues esta lamentable situación pone de manifiesto la existencia de una inocultable y estrecha coordinación entre delincuentes comunes y policías en actividad, que merece ser desterrada cueste lo que cueste.
Es inadmisible que servidores del estado a quienes la Nación les ha encargado la misión de garantizar la ley y el orden, sean los primeros en atentar contra el cumplimiento de esa sagrada misión. Tan solo durante el año 2021, más de quince efectivos pertenecientes a la División Policial Chimbote han caído involucrados en la comisión de estos delitos, sin que hasta el momento se conozca con exactitud qué tipo de sanción o correctivos se han aplicado contra ellos. Cabe precisar que de por medio, están la honra y la imagen institucional.
Este reclamo desde luego no significa echar más leña al fuego ni tampoco aplicar la ley del ojo por ojo. Lo que se desea es que la propia institución sea la primera en tomar al toro por las astas. Solo así, con una policía que inspire respeto y confianza, la ciudadanía podrá dejar atrás esa sensación de inseguridad que actualmente reina en las calles y en los propios domicilios. Por el bien del país, esto tiene que acabar.
Para que la Policía Nacional cumpla con la misión de custodiar la ley y el orden, es incuestionable que el orden debe empezar por casa. Más allá que acudir al uso de la fuerza o de un arma de fuego, la autoridad se impone con la fortaleza moral de la institución y de cada uno de sus miembros.