En caso judicial contra GrupoMar Perú
Siguen saliendo más revelaciones sobre la investigación fiscal del “Caso GrupoMar”. Como parte de las indagaciones que el Ministerio Público llevó a cabo en la fase de investigación preparatoria en el proceso penal entre las pesqueras Grupomar Perú y Casamar SAC. Se trata de las declaraciones brindadas en octubre del 2020 por el Sr. José Francisco Zorrilla Eguren, representante legal de South Coast Packing Perú SAC quien, en calidad de testigo, desmintió que la planta de Casamar no hubiese estado operativa en marzo del 2019, como sostiene esta última.
Como se recuerda, desde hace más de 3 años ex trabajadores y directivos de Grupomar Perú afrontan un proceso penal a raíz de la denuncia de Casamar SAC por haber supuestamente “saboteado” los equipos que la propia empresa atunera de capital mexicano compró e instaló en el local de Casamar ubicado en Samanco -incluyendo un sofisticado sistema electrónico-. Según Casamar, esto habría dejado inoperativa su planta por un año, entre mayo del 2018 y mayo del 2019.
Sin embargo, en la declaración testimonial que brindó en la carpeta fiscal del caso, el testigo José Francisco Zorrilla declaró que entre marzo y julio del 2019 su empresa tuvo una relación contractual y comercial con Casamar para que le brinde los servicios de procesamiento de pota en diferentes presentaciones, y filete de perico.
“La declaración del Sr. Zorrilla revela que ya en marzo del 2019 la planta estaba plenamente operativa. El testigo refiere que el propio gerente de Casamar S.A.C así se lo indicó. Esto desmiente la versión de la empresa, según la cual su planta habría estado inoperativa entre mayo del 2018 y mayo del 2019”, expresó José Arrieta, abogado de GrupoMar Perú. “Incluso si el contrato fuese de abril del 2019, como indicó el abogado de Casamar en la diligencia, eso significaría que la planta estuvo operativa desde antes, pues para firmar un contrato, primero tuvo que haber estado en condiciones de cumplirlo”.
Asimismo, el abogado defensor de GrupoMar comentó “lastimosamente esto no fue tomado en cuenta por el fiscal, pese a que dicho testigo también relató cómo fue que Casamar S.A.C pretendió cobrarle a South Coast Packing Peru S.A.C por conceptos que no correspondían y se habría quedado con 30 mil dólares de esta empresa. Hay una similitud con la situación de mi defendido a quien Casamar también pretende cobrarle pese a que el contrato indica claramente que se pagaría contra tonelada descargada de pescado, y ello nunca sucedió por la falta de profundidad del muelle de Casamar en Samanco”.
Modus operandi
Precisamente, como parte de las declaraciones ante el Ministerio Público, el representante legal de South Coast Packing contó que, si bien las condiciones de productividad y operatividad de la planta fueron buenas, la relación comercial se resquebrajó porque Casamar se quedó con adelantos que South Coast Packing Peru SAC le pagó hasta por US$ 30 mil dólares.
“El señor Boluarte acudió a mi para que lo apoyara con 10 mil dólares inicialmente para cumplir con el pago de la energía eléctrica y otras obligaciones de la planta. Y así ocurrió en dos ocasiones más. Me decían por favor apóyame que yo luego te lo voy a descontar de las tarifas. Fueron 3 cheques, 3 adelantos de 10 mil dólares cada uno. Nada de ese dinero ha sido devuelto a la fecha”, relató José Zorrilla durante su audiencia en el Ministerio Público en el 2020.
Por si fuera poco, el contrato se vio interrumpido debido a una serie de malas experiencias con Casamar. “Tuvimos una experiencia muy desagradable. Nos condicionaba a un pago excesivo para autorizar el retiro de nuestra mercancía del almacén de la planta, es decir nos forzaban a pagar un dinero adicional”, puntualizó Zorrilla.