CONTRALORÍA
Aquí en estas páginas hemos informado con detalle los informe de la Contraloría General de la República que sugerían las denuncias penales en dos proyectos que se realizaron en la Municipalidad Provincial de Casma y otro en la Municipalidad Distrital de Pallasca. Ya no resulta llamativa la forma como los funcionarios de esas municipalidades aprovechaban todas las oportunidades posibles que se les presenta para festinar los dineros disponibles en su presupuesto de obras. Por esa razón, la sugerencia era el inicio de acciones penales de manera inmediata. El último lunes hemos publicado otro informe donde se da cuenta que utilizaron de manera distinta a la legal S/. 853 mil soles destinados a la Municipalidad Provincial de Yungay para el mantenimiento de caminos vecinales, pero tal como había sucedido en Casma, favorecieron a una empresa y la misma no terminó los trabajos dejando un perjuicio para la unidad ejecutora de más de medio millón de soles. Es de esa manera como disponen los dineros del estado. Lo llamativo es que estos informes pareciera ser que se quedan en letra muerta porque deben ser el inicio de la apertura de carpetas fiscales para sancionar con dureza a los funcionarios públicos involucrados, pero todo indica que eso no ocurre, sino por el contrario no hay intervención del Ministerio Público y el informe queda como un saludo a la bandera. Lo ocurrido en la Municipalidad Provincial de Yungay es mucho más graves que los tres hechos anteriores que publicamos anteriormente: los dos casos de la Municipalidad Provincial de Casma y el hecho de la Municipalidad Distrital de Pallasca, por el monto involucrado en el perjuicio a la unidad ejecutora. Si no hay intervención del Ministerio Público, no hay sanción de ninguna naturaleza, por eso que las gestiones municipales muchas veces se convierten en una tómbola.
VOTO DE CONFIANZA
Cuando en el parlamento se realizaba la sesión del voto de confianza del gabinete de Aníbal Torres, que finalmente fue favorable para el gobierno, 49 congresistas presentaron una moción solicitando la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por incapacidad moral permanente. De acuerdo a la reglamentación del congreso, para admitir a debate dicha moción, que tiene preferencia sobre otro tipo de mociones, se necesita el 45% de los votos hábiles presentes y se vota en la siguiente sesión después de haberla emitido. Si tenemos en cuenta que para el voto de confianza que se otorgó al gabinete Torres en horas de la madrugada del miércoles, 64 congresistas votaron a favor y 58 en contra, será muy difícil que esos 49 congresistas que han firmado la vacancia logren sumar un mayor número. Si bien es cierto estamos en el aspecto de especular, lo cierto es que las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú y Acción Popular están votando juntas.
RED SUR
Es de veras lamentable que las autoridades de la Red Pacífico Sur hayan encontrado una férrea oposición de los pobladores de Casma para que las brigadas de fumigadores no ingreses a sus domicilios y realicen ese trabajo tan necesario para combatir el dengue, ya que la última información señala que son 417 los casos positivos de personas que han sido contagiadas con el vector transmisor del dengue. Tendrá que haber de manera obligatoria la intervención de la Municipalidad Provincial de Casma, es decir de las autoridades para que utilicen todos los medios posibles de convencimiento de esas familias para fumigar sus hogares porque el dengue ha crecido demasiado rápido y ha proliferado por la ciudad del eterno sol. Entendemos que la sola participación de la Red de Salud Pacífico Sur no será suficiente e incluso, hasta se impone la presencia de autoridades del gobierno regional de tal forma que puedan convencer a todas esas familias reacias a la fumigación. Se ha informado que van a participar en estas visitas, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público y esperamos que sean convincentes para romper esa nefasta actitud de no dejar ingresar a los fumigadores. Este es un tema que lleva semanas y quizás hasta un mes, y se necesita la intervención de autoridades de mayor rango para terminar con ese tipo de actitudes.