Obras mal ejecutadas:
Las obras aún no concluyen y están muy lejos de ser inauguradas pero, debido a su deficiente ejecución, ya son objeto de serias observaciones por parte de la Contraloría General de la República. Pero no solamente es la frecuencia con la que suceden estos casos lo que causa extrañeza y preocupación. A eso se añade el perjuicio económico que esta deficiencia ocasiona al presupuesto nacional y el daño que tiene que soportar la población supuestamente beneficiada.
Solo por citar unos ejemplos vamos a mencionar la obra de reconstrucción del Colegio Santo Domingo de Guzmán del distrito de Tauca que ya lleva cuatro años paralizada, y la construcción de pistas y veredas en la II Etapa de la urbanización Casuarinas de Nuevo Chimbote, ambas a cargo del gobierno regional de Ancash.
Por el lado de la Municipalidad Provincial del Santa se acaba de conocer que exactamente lo mismo está sucediendo con la construcción de las avenidas Brea y Pariñas y de la famosa Costanera, así como con la obra de pistas y veredas en la III Etapa de P.J. Miraflores Alto. En conjunto estamos hablando de más de cincuenta millones de soles en riesgo.
Que esto suceda con la ejecución de uno y hasta dos proyectos, tal vez podría darse por aceptado. Tal como están las cosas, ninguna institución del estado está a salvo de cometer un error, con mayor razón aquellas que adolecen de una inocultable y vergonzosa falta de capacidad. Pero que este error sea reiterativo y que además haya adquirido la condición de pandemia burocrática, ya es otra cosa y deja mucho qué pensar. Estamos hablando de un mal que a estas alturas se ha vuelto crónico y difícil de controlar.
Cada uno de los informes que ha hecho Contraloría con referencia a éstas y otras obras públicas, enumeran al detalle todas las incongruencias que existen entre los expedientes técnicos y el proceso de ejecución. Es como si se tratase de dos idiomas diferentes. De ahí que, ni bien comienzan, todas estas obras terminan dando lugar a un sistemático proceso de incremento presupuestal y continuas paralizaciones, con todo el daño que eso significa para el estado y la comunidad.
Dando una mirada a todas las cosas que vienen sucediendo en los últimos años, todo indica que el interés de las autoridades que dirigen las unidades ejecutoras tiene un límite. Comienza con la etapa de licitación, continúa con la firma del contrato y termina con la colocación de la primera piedra. Hasta ahí nomás. A partir de ese momento, la ejecución de la obra queda librada a su propia suerte. De no ser así, otro sería el resultado. ¿O estamos equivocados?
Otra de las cosas que llaman a la reflexión es el hecho que muchos de los empresarios que actualmente ganan las licitaciones son los mismos que vienen trabajando desde la gestión de César Álvarez Aguilar. Lo único que cambia es el nombre de los consorcios que para todos los gustos y exigencias se constituyen de la noche a la mañana. Quizás eso explique porque la proliferación de obras mal ejecutadas, paralizadas y sobrevaloradas, es una maldición de nunca acabar.