Por: SERGIO AGURTO FERNANDEZ (*)
Los aportes previsionales, entendido como un ahorro obligatorio que va a financiar la pensión de jubilación del propio trabajador, a no dudarlo, cumple una función social, la de protegerlo en la etapa post laboral (65 años), porque deja de ser parte de la “Población Económicamente Activa” (PEA). Obviamente que esto habrá de generarle un brusco choque emocional, porque será una nueva realidad la que tendrá que asumir, inevitablemente, tales como enfrentar a la precariedad de las pensiones y a la imposibilidad de conseguir una fuente de ingreso adicional. Ambos son elementos concurrentes en esta etapa que es la más difícil en la vida del ser humano.
Al término de la vida laboral (65 años), empieza otra pero bastante complicada, caracterizada por la vida sedentaria del ex trabajador; no es porque así lo quiera, sino por la falta de oportunidades para volver a desarrollarse laboralmente, en razón de que la curva del rendimiento laboral ya decayó y se inicia otra de inexorable descenso. Es en ese momento cuando se experimenta un deterioro en la salud mental, ocasionado por pensar en lo doloroso que le va resultar sobrevivir con una exigua pensión de jubilación.
En nuestro medio, desde siempre, la informalidad laboral ha impedido que millones de peruanos puedan disfrutar de una aceptable pensión de jubilación, y esta incongruencia se da por igual, tanto en los sectores público y privado, como para no quejarse. Este deja de ser un problema laboral para convertirse en un problema social, porque compromete el futuro de la familia, y parece que no tuviera solución o importarles poco a quienes ejercen tareas de gobierno (Ejecutivo y Legislativo). Que no se pretenda convertir al país en una población de ancianos indigentes, por la negligente actuación de los congresistas, que a ninguno de ellos se les ocurrió presentar un proyecto de ley que modifique el actual sistema de pensiones que es discriminatorio, porque se olvida de incorporar a los informales, que también son trabajadores.
Existen en el mercado previsional dos grupos de entidades que administran el fondo de pensiones de los trabajadores, una pública (ONP) y otra privada (AFPs), cada quién lanzando tentadoras ofertas de afiliación, para seducir a vacilantes trabajadores que recién inician su vida laboral. Cada una de estas entidades previsionales, tienen sus propias características y su implementación obedeció a la importación de ideas, porque aquí la pereza mental es tan nociva como el Covid-19, que “atrofia” el cerebro de los altos funcionarios del gobierno. En nuestro medio hay la errada creencia de que todo lo que viene de afuera es bueno. Nuestra posición es que dejemos de ser un laboratorio donde los “genios” extranjeros hacen su experimento con nosotros, como es el caso de las AFPs; en los países que lo adoptaron como modelo, han fracasado, como por ejemplo en Argentina y también en Chile que es la cuna de la AFP, y el Perú no podía ser la excepción y también fracasó.
La solución del problema previsional, a la vista de los nefastos acontecimientos que se vienen dando, debe de pasar por la creación de una tercera opción, Made in Perú, que involucre a todos los trabajadores formales e informales, cuyos ingresos provengan de la prestación de un trabajo personal, ¡No empresarios!, cuya constitución debe obedecer a un mandato legal (Ley), con personería jurídica de derecho privado, colocando en el “cernidor” toda la normatividad legal existente al respecto, quedándose solo aquellas que sean compatibles con lo que realmente beneficia al trabajador y desburocratizando el sistema haciéndola más accesible al común de los trabajadores.
La ONP se ha convertido en un botín político o en una mega beneficencia pública, según como se quiera ver, que otorga jubilación por doquier, flexibilizando los requisitos para acogerse a ella, hasta con diez años de aportación. Esto es “pan para hoy y hambre para mañana”. Tratan de ser “generosos” con el dinero ajeno (Tesoro Público). Lo que en un principio fue una ONP que se auto financiaba con los aportes de los trabajadores, pero con tanto “lastre” (Trabajadores sin derecho) descargado en su bodega (Planilla jubilados), el barco (ONP) está que se hunde y el Estado tendrá que socorrerlo porque lo sobrecargó con un exceso de populismo. Por tanto relajo administrativo, alguien tendrá que responder, cuando más adelante se haga una auditoria.
Cuanto menos hay hasta dos generaciones de trabajadores al servicio del Estado que no han logrado ni lograrán jubilarse, porque la edad ya les pasó factura, y todo porque en la década de los 90, el gobierno de entonces introdujo un nefasto régimen laboral llamado “Servicios no Personales” (SNP), pese a tener carácter laboral, abusivamente se les contrataba con una “Orden de Servicio”, que eliminaba todos los derechos del trabajador (Hospitalización, jubilación, CTS)`, porque el Estado no quería asumir sus obligaciones patronales. Luego de lo cual vino el régimen C.A.S. con lo que algo se avanzó, pero la incertidumbre de la contratación trimestral, sigue latente.
Por otro lado, se percibe una inequidad, al preferir en el otorgamiento de los incrementos pensionarios sólo a los jubilados de la Ley 19990, pese a estar ya agotado sus fondos de jubilación, en perjuicio de los cesantes de la Ley 20530, que no perciben aumentos desde 12-2004, fecha en que se cerró la vigencia de esta Ley, es decir más de 18 años, y el rango de las pensiones está entre los S/. 500- y las 2 UIT, pero la gran mayoría de cesantes perciben una pensión miserable. Ambos son regímenes previsionales financiados por el Estado, son homogéneos, y el rango de las pensiones son parecidas, salvo una minúscula cantidad de funcionarios que ganan hasta 2 UIT, entonces cómo explicar la desigualdad en el trato de los aumentos en las pensiones.
En lo que respecta a la AFP, hay en el Congreso un dictamen favorable que aprueba una sexta entrega de 4 UIT para los trabajadores afiliados a este sistema, con lo que prácticamente se produciría la descapitalización de los fondos pensionarios, con la consecuente liquidación de las AFPs. Miles de trabajadores al término de su vida laboral, irremediablemente se quedarán sin jubilación, y sin los beneficios que brinda Essalud, con lo que en la ancianidad: 1) Inevitablemente serán una carga para los hijos, si lo tuvieran, 2) Tocarán las puertas de los programas sociales que brinda el gobierno. y 3) Engrosarán la fila de la población indigente, para vergüenza de todos.
Nadie en el Perú se debe quedar sin una pensión de jubilación, no es difícil encontrar una solución al problema, sólo se requiere un poco de ingenio, y si no se tiene, tendrán que recurrir a la participación ciudadana, ahí sí lo encontrarán, solo que deben indicar los canales de comunicación y listo, ya que para los “padres de la patria” (padrastro) las prioridades son otras, como “fregarles la pita al gobierno”, como ejecutando una tercera moción de vacancia, y buscando interpelar a los ministros que no les caiga en simpatía. El tiempo apremia para la Presidenta del Congreso (28-07-2022), que alucina ponerse la banda presidencial, teniendo como soporte a una serie de congresistas obsecuentes que trabajan para ella ¿Desinteresadamente?
Todos los jubilados de la Ley 19990 exigen la modificación de la escala de pensiones, con la creencia de que sus aportes todavía alcanzan para eso, pero no es así, hace rato que se agotaron. Aquí la solución está, para los jóvenes trabajadores, en el incremento de la tasa de aporte, elevar del actual 13% a una más elevada (27% como en la 20530), porque los actuales jubilados tendrán que seguir con las pensiones reducidas, no hay otra.
(*) CPC 06-340. E-MAIL:
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