Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Luego de atacar 28 lugares de la operación minera MMG-Las Bambas y quemar campamentos, maquinarias, carros e incluso perforadores del tajo Chalcobamba y, después también de vejar y maltratar a los efectivos civiles que impulsaban la defensa posesoria del campamento minero –de acuerdo al Código Civil–, dirigentes de la comunidad de Fuerabamba acaban de señalar que MMG-Las Bambas debe cerrar sus operaciones. “Si tratan de reactivar su operación ya no vamos a ser responsables de las cosas que pasen”, señaló Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba.
Ahora no queremos preguntar por qué el Ejecutivo no recupera el principio de autoridad, aplica la Constitución y las leyes. Ya conocemos el plan de estatizar las minas. Ahora pretendemos preguntarnos, ¿por qué el sistema de justicia y la Policía Nacional del Perú no ejercen sus funciones frente a sectores que aplican violencia, terror, atentan contra el cuerpo, la vida y la salud y violentan la propiedad pública y privada? ¿Acaso Las Bambas se ha convertido en un territorio liberado en donde se puede señalar que la Constitución, las leyes y los contratos que ha firmado el Perú, simplemente, importan un comino?
Si las cosas son así, entonces, el gobierno de Pedro Castillo ya comenzó a instalar su asamblea constituyente a partir del cambio de régimen de propiedad en Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del planeta. Se anuncia más violencia si Las Bambas vuelve a operar mientras el Estado y el sistema de justicia no reaccionan, no se atreven a aplicar la Constitución.
¿Qué va a suceder si prospera la amenaza contra Las Bambas? ¿Cómo creen que van a reaccionar los sectores radicales antimineros en las zonas adyacentes a las minas del país? ¿No estaremos acaso ante los momentos previos de una oleada de tomas de minas; es decir, en circunstancias previas de una clara estatización de estas empresas? Recordemos que cuando ejercían la presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido y Mirtha Vásquez alentaron y empoderaron a las minorías en contra de las empresas. La estrategia bolchevique entonces está en marcha.
El Foro de Sao Paulo, Perú Libre y el Movadef pretenden hacer creer a las poblaciones que la estatización de las minas creará una transferencia inmediata de riqueza. Tremendo error. La estatización del petróleo en Venezuela no significó transferencia de riqueza inmediata para las poblaciones, sino la creación de una nomenclatura chavista en Petróleos de Venezuela (PDVSA) que acabó con la prosperidad de uno de los países con más reservas de petróleo en el planeta. El único sector que se enriqueció fue la llamada boliburguesía y la jerarquía chavista.
Hoy, entonces, el futuro de la minería se decidirá en Las Bambas. Si las amenazas violentistas prosperaran, entonces Perú Libre habrá comenzado a implementar su cambio de régimen.
Lo más grave de todo es que el descontento de las poblaciones solo se explica por el fracaso general del Estado en la redistribución de la riqueza minera. Por ejemplo, en la última década la minería ha transferido por canon alrededor de S/ 40,000 millones. ¿En dónde están las carreteras, los colegios, las postas médicas, los sistemas de agua y desagüe construidos con esos aportes?
De pronto las empresas mineras, la minería nacional, sin la cual no se explicaría gran parte del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, está desamparada frente a la violencia de minorías radicales. El principal responsable de esta tragedia es el Ejecutivo, pero también la oposición por no defender un sector vital para el crecimiento y la continuidad de las libertades.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)