Insólito:
Muy grave. En el transcurso de una audiencia realizada hace dos días en el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial, Especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Ancash, el encarcelado ex gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa se dirigió al juez de la causa, Walter Jiménez Bacilio, para enrostrarle directamente una gravísima acusación. Sin más pruebas por ahora que sus propias palabras, la ex autoridad regional acusó al magistrado de haberle solicitado a través de un intermediario el pago de 200 mil soles para archivar el caso de colusión agravada por el que viene siendo procesado.
En su acusación, Morillo Ulloa no solo menciona el nombre completo de la persona que supuestamente hizo la labor de intermediario. También dio a conocer el número de celular a través del cual se habrían realizado las coordinaciones entre el supuesto intercesor y el juez Jiménez Bacilio.
La reacción del magistrado no se hizo esperar. Ese mismo día, al término de la audiencia, el juez emitió un comunicado en el que niega tajantemente la acusación de Morillo, calificándola de temeraria. También hace saber que ha remitido al Ministerio Público una copia del audio, donde se registra la audiencia, para que la fiscalía inicie una inmediata investigación y determine las responsabilidades correspondientes.
Que se recuerde, en los anales de la justicia peruana no son muchas las oportunidades en las que se han registrado hechos de esta naturaleza. Sin embargo en el caso de Ancash, la historia reciente da cuenta de muchas de situaciones más o menos parecidas, las mismas que se han producido en tribunales de Chimbote y Huaraz. La mayoría de estos casos corresponde a la etapa hasta hoy más vergonzosa y corrupta que ha pasado por el gobierno regional de Ancash, como fue la gestión de César Álvarez Aguilar.
De la misma manera cómo la organización que éste encabezó contaba con un brazo político y un brazo armado para cometer sus fechorías, así también fue notorio el apoyo que recibió durante mucho tiempo desde el interior del Poder Judicial y el Ministerio Público, inclusive de los altos mandos de la Policía Nacional. Ninguna de las denuncias que se hicieron contra esta organización y sus integrantes, pasó más allá de la mesa de partes. Muchas fueron archivadas por falta de pruebas, en tanto que otras terminaron en la mecedora del intercambio de favores o empolvándose en los anaqueles de la omisión de funciones.
Incluso durante la breve gestión de Morillo Ulloa al frente del gobierno regional, se pudo advertir este mismo comportamiento. En ambos casos, han tenido que ser equipos especiales enviados directamente por la Fiscalía de la Nación, los que finalmente han puesto las cosas en su sitio. De no haber sido por estos equipos, casos como el de la carretera Chacas-San Luis, La Centralita, el asesinato de Ezequiel Nolasco y los actos de corrupción con los dineros para combatir el covid, entre otros más, seguirían empolvándose por sécula seculorum. Y es posible asimismo, que tanto Álvarez como Morillo siguieran en libertad. De manera que hay necesidad de separar la paja del trigo.
Por la salud del Poder Judicial, esperemos que la investigación solicitada por el juez Walter Jiménez Bacilio se lleve a cabo lo antes posible y que los resultados sirvan para despejar toda duda. Nada puede ser más satisfactorio para Ancash que recuperar la confianza en sus instituciones.