En el caso de discotecas:
Pudo ser una tragedia. La madrugada del pasado sábado personal de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Policía Nacional acudió a intervenir una conocida discoteca ubicada en la sexta cuadra del malecón Miguel Grau. De antemano se sabía que el establecimiento venía funcionando en forma irregular en vista que no cuenta con todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Esta carencia fue comprobada en anteriores intervenciones, pero aún así no fue óbice para que el local siguiera funcionando en abierto desacato al principio de autoridad.
Pero esta vez, lejos de recibir a los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional ya que eran conscientes de la falta que estaban cometiendo, los propietarios del establecimiento tomaron una decisión realmente temeraria. Cerraron la única puerta de ingreso e incurriendo en el grave delito de secuestro, no permitieron que ninguno de los asistentes abandonara el local. Presas de pánico y encerrados contra su voluntad, éstos se vieron en la obligación de llamar por celular a sus familiares. Afortunadamente, las aguas se calmaron a tiempo.
Sabido es que la mayoría de estos locales, los mismos que se ubican a lo largo del Malecón Grau y de las bocacalles adyacentes, no cumplen con los requisitos mínimos de infraestructura. Antes de convertirse en restaurantes y discotecas, muchos de ellos han sido viviendas ú oficinas y por esa razón no reúnen las condiciones básicas que se requiere para albergar una gran afluencia de público ni mucho menos para garantizar el orden y la seguridad. Es, más o menos, lo mismo que ocurre con el chasís de un trayler convertido de pronto en ómnibus interprovincial.
Las discotecas funcionan de acuerdo a un reglamento que tiene como marco legal la Ley 29408, Ley General de Turismo. Su aplicación está a cargo del ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y de sus organismos descentralizados a través de los gobiernos regionales. Chimbote cuenta con una de estas dependencias.
Son estos organismos los que en primera y última instancia autorizan no solo el funcionamiento de las discotecas sino también su categorización. Para obtener dicha autorización, los locales deben ser expresamente diseñados y construidos con esta finalidad, de acuerdo a los parámetros de funcionabilidad y sobre todo seguridad.
En el caso de locales preexistentes, su adecuación tiene que sujetarse estrictamente a lo que dispone el reglamento. Solo para citar uno de esos parámetros, basta con señalar que, aparte de la puerta de ingreso principal, toda discoteca debe tener una puerta auxiliar o de servicio y, por supuesto, una puerta de escape o emergencia. Un local que no cumple con estos requisitos, es una trampa mortal.
Luego que el local haya sido autorizado y categorizado por el MINCETUR, recién la municipalidad correspondiente otorga la licencia de funcionamiento y no al revés como muchos quisieran que sea. De ahí que en el mundo de las discotecas todavía prevalece una gran confusión, situación de la que muchos propietarios suelen sacar provecho deliberadamente. Para colmo, muchos de ellos todavía creen que la solución a una intervención fiscal o policial consiste en llamar por celular a determinada autoridad o funcionario, cosa que no va más allá de un arreglo pasajero.
Pero en el caso que motiva este comentario, existe un agravante que las autoridades deberían sopesar en todos sus extremos. En el equivocado afán de proteger sus intereses, los propietarios de la discoteca no debieron retener a sus clientes contra su voluntad y bajo llave. Eso es exponer la vida y la salud de las personas, algo que no puede pasar por alto y que las autoridades correspondientes tienen que sancionar de acuerdo a ley. No hacerlo significaría dejar las puertas abiertas para que esta historia vuelva a repetirse una y otra vez. ¿O es que en Chimbote no existe principio de autoridad?.